“Por el grado de especialización, la experiencia del personal de mando superior puede ser relevante para la iniciativa privada, pero el plazo de 10 años genera incentivos perversos que afectan sus posibilidades reales de contratación”, detalla la sentencia dada a raíz de que se otorgó un amparo a un exfuncionario federal a quien se le negó un empleo el año pasado por esta cuestión.
El juez, uno de los dos que llevan amparos en este tema, consideró que el Congreso requería una habilitación específica en la Constitución para legislar en materia de “austeridad republicana”.
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También señaló que la Ley contiene una restricción de derechos fundamentales, como el del derecho a la libertad de trabajo, “que consiste en que a ninguna persona podrá impedírsele que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que así prefiera, siendo lícitos” y el derecho a un sueldo o salario, “a través del cual puede disfrutar de una vida digna”.
Por ello, el juez Méndez Corona determinó que “la disposición reclamada es violatoria a los derechos a la libertad de trabajo, a un salario digno y a un plan de vida habida cuenta que, de entre un conjunto de opciones viables, la legislatura optó por la medida más deletérea en perjuicio de los derechos de la parte quejosa”.
