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Con lo anterior, coincidieron los expresidentes del Instituto Federal Electoral (IFE) Luis Carlos Ugalde Ramírez y Leonardo Valdés Zurita, al participar en el panel inaugural del XII Encuentro Nacional de Educación Cívica: Reforma política y calidad de la democracia.

Córdova recordó que una reforma electoral debe ser el resultado de una discusión amplia, incluyente y, en consecuencia, democrática.

Pero si se plantea para mermar la calidad de la representación política, lastimar o disminuir las condiciones de equidad en la competencia, acotar los derechos político-electorales o para debilitar la autonomía y la independencia de los órganos electorales, “no vale la pena hacerla y no debe ser aceptada”, comentó.

Una reforma no debe regresar al autoritarismo

Leonardo Valdés Zurita consideró deseable que la democracia no retroceda y siga avanzando.

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Esto es, dijo, porque debe haber una preocupación por incrementar la calidad de las elecciones y en consecuencia, la ciudadanía. “Hay que impulsar reformas que vayan en el sentido positivo y que no intenten regresar al autoritarismo”, agregó.

Las reformas electorales, añadió el académico, “son procesos complejos en los que las fuerzas políticas intentan encontrar consensos, a partir de lo que consideran es mejor para un sistema electoral”.

No cumplir las reglas del juego implica hacer trampa

Luis Carlos Ugalde coincidió en que no se requiere una reforma político-electoral para recomponer la calidad de la democracia mexicana, sino el cumplimiento de las leyes, “cualquier democracia requiere reglas del juego que se cumplan, no hacerlo significa hacer trampa, hacer fraude”.

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Una reforma político-electoral puede ayudar a mejorar la calidad de la democracia, “siempre y cuando se cumpla; el gran problema es si se trata de una mala reforma, es mejor quedarnos como estamos”, expresó.

En caso de una eventual reforma electoral, propuso seis ideas: la segunda vuelta en la elección presidencial; el voto obligatorio con consecuencias; la representación proporcional en el Congreso 50/50; procesos de justicia electoral para desalentar la intromisión del crimen organizado en procesos electorales; expandir la libertad de expresión y el financiamiento público a los partidos políticos.