Al respecto, el senador Damián Zepeda, de Acción Nacional (PAN), único legislador de ese partido que sí promueve la realización del ejercicio de revocación de mandato, expuso que sí debiera permitirse que todo mundo lo difunda, pero “hoy hay reglas que nos rigen” y no pueden cambiar con el proceso en curso.
El decreto es un “exceso” que busca interpretar el artículo 134 constitucional que restringe en la propaganda nombres, imágenes, voces o símbolos "que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público” y considera que "tampoco es propaganda" la información de interés público según la Ley General de Transparencia y dentro de esta cabe prácticamente toda, sin restricciones.
No está prohibido –agregó- contratar espectaculares o pintar bardas, pues la ley sólo prohíbe contratar radio y televisión para procesos como este, “el problema es que no está claro quién paga y se debe investigar si hay recursos públicos, lícitos o no”.
En tanto, “el error que ustedes cometieron fue sacar publicidad oficial, con el logo del Senado” para apoyar el proceso. Pero les paso un tip: claro que pueden opinar, aunque es debatible”.
En contraste, el senador de Morena, César Cravioto, planteó que la Ley Federal de Revocación sí permite que cualquier ciudadano y servidor público pueda llamar al voto.
“Nos permite a todos hablar de revocación de mandato, lo único que no nos permite es usar recursos públicos o llamar a votar en un sentido o en otro a los que somos representantes populares. Pero no dice que un servidor público no puede hablar para pedir que la gente participe”, y por eso la interpretación que plantea su partido, expuso.
Por el PVEM el senador Israel Zamora recordó que el Congreso sí tiene facultad de interpretación.
“Este acto es para dejarle en claro al juez –que no crea ley, esto toca al Legislativo– este acto es decirle qué queremos decirle que interprete al Tribunal Electoral y esa es una de las facultades propios de la naturaleza del Poder Legislativo”, refirió.