Estados ofrecen mantener Escuelas de Tiempo Completo, pero carecen de recursos

¿Por qué se suspende el Programa de Escuelas de Tiempo Completo?

El pasado 28 de febrero, la SEP publicó el acuerdo por el que se elimina de las Reglas de Operación a las escuelas de tiempo completo del programa La Escuela es Nuestra (LEEN).

El argumento fue que, al hacer una valoración, se determinó que los recursos debían ser destinados a mejorar la infraestructura de todas las instituciones educativas para garantizar un regreso seguro a las aulas en medio de la pandemia de COVID-19.

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A nivel nacional se contabilizaron 27,000 escuelas de tiempo completo que beneficiaban a 3.6 millones de niñas, niños y adolescentes no solo con aprendizaje, también con alimentación.

"Los niños no recibían un desayuno del DIF. Era una comida caliente en la tarde, revisada por nutriólogos y que puede que fuera la primera y única comida del día de muchas niñas y niños, y ya no la van a recibir", dice Luz Romano, vocera de la organización Mexicanos Primero.

El programa de las escuelas de tiempo completo inició en 2007 con 441 instituciones de educación básica, en su mayoría localizadas en zonas de alta marginación. Con los años, no solo se fue expandiendo, sino que también recibió el reconocimiento de organismos como el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

¿Qué estados mantendrán las Escuelas de Tiempo Completo?

Ante el reclamo de organizaciones civiles y padres de familia por la decisión de la SEP, algunos gobiernos estatales se han comprometido a mantener el programa de ETC.

Hasta este momento, 12 estados han expresado sus intenciones de dar continuidad a las escuelas de tiempo completo:

• Ciudad de México.
• Estado de México.
• Puebla.
• San Luis Potosí.
• Querétaro.
• Yucatán.
• Chihuahua.
• Nuevo León.
• Guanajuato.
• Colima.
• Baja California.
• Michoacán.

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Luis Arturo Solis Bravo, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) considera que es positivo que los gobernadores y gobernadoras de esos estados hagan el anuncio, pues demuestra que son sensibles ante una realidad que se vive en el país: la necesidad de que exista un horario extendido, educación de calidad y alimentación balanceada para niños y adolescentes.

"Esperemos que no solamente se quede en un anuncio, sino que a través de su respectivas secretarías de finanzas o de los congresos autoricen partidas presupuestales para el funcionamiento de las escuelas de tiempo completo", señala.

Uno de los retos a los que se enfrentan los gobiernos estatales es que no tienen recursos suficientes para poder mantener el funcionamiento de las escuelas de tiempo completo, y eso incluye los sueldos de docentes y los alimentos.

"Si lo van a hacer desde ahorita, (los gobernadores) van a tener que quitarle una partida a un programa para poder mantener el funcionamiento de las escuelas de tiempo completo. La pregunta es cómo lo van a hacer: ¿con la misma cantidad de escuelas, de alumnos, de profesores? Es muy pronto para decir que el programa seguirá funcionando igual porque no sabemos los recursos con los que cuentan los estado", agrega Solis Bravo.

Luz Romano precisa que se necesita una inversión aproximada de 10,000 millones de pesos (mdp) para el funcionamiento adecuado de las ETC, pues se trata de un programa con esquema nacional.

"Es por eso que le corresponde a la federación cumplirlo, y cuando las diputadas y diputados aprobaron el presupuesto para este año dijeron 'La Escuela es Nuestra' deberá tener presupuesto para atender a las escuelas de tiempo completo. Por el monto que se necesita, consideramos que a mediano y largo plazo los estados no van a poder sostener el mantenimiento de las ETC", advierte.

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A esto se suma, agrega Romano, la desigualdad entre los estados que sí puedan solventar el gasto y los que no. En el primer caso, por ejemplo, están Baja California (donde hay 503 escuelas), la Ciudad de México (500 escuelas), el Estado de México (1,300) y Chihuahua (804).

Mientras que aquellos que no se han pronunciado por mantener las ETC son precisamente aquellos con el mayor número de beneficiarios, como Chiapas, que tenía 1,817 escuelas con horario ampliado; Durango, con 1,002; Jalisco, con 915 (nueve escuelas siguen en funcionamiento gracias a amparos); Oaxaca tiene 906; Sinaloa, con 1,030; Veracruz, con 1,061, y Zacatecas, 915.

"Son estados que no sean pronunciado y que tienen de la mayor cantidad de escuelas. Si estas entidades no continúan con el horario extendido va a haber una grave brecha de aprendizaje con los niños de los estados que sí lo están haciendo", explica Luz Romano.

La organización Educación con Rumbo expone que, ante la posibilidad de que los gobiernos estatales asuman la operación de las ETC, hay dos escenarios:

• Que se vuelva una jornada ampliada y uno una jornada completa, es decir, que concluyan sus actividades a las 14:00 horas.
• Que los padres y madres de familia apoyen con sus propios recursos para dotar de los alimentos a los estudiantes y continúen sus actividades hasta el 16:00 horas.

"Cualquiera de los escenarios que se dé en cada entidad avisa de procesos que se cuidan poco. La interrupción de un programa siempre lastimará a quienes son los beneficiados, en este caso los estudiantes, y no solo por la alimentación que recibían, sino porque la ampliación del tiempo escolar genera una exposición mayor a experiencias sistemáticas de aprendizaje", puntualiza Patricia Ganem, investigadora y vocera de Educación con Rumbo.

La Escuela es Nuestra, "la prioridad"

Con la desaparición de las ETC, el total de los recursos serán absorbidos por el programa La Escuela es Nuestra, que, según la SEP, se busca fortalecer para mejorar la infraestructura de los planteles educativos.

De acuerdo con estimaciones de Educación con Rumbo, tomando el presupuesto de las ETC el gasto para estos planes asciende a 150,000 pesos por escuela (si esta tiene hasta 50 alumnos), de 200,000 pesos (entre 51 y 150 alumnos) y de 500,000 pesos (si la escuela cuenta con más de 151 alumnos).

"Esto será siempre insuficiente para cubrir las necesidades de las escuelas con más requerimientos básicos de infraestructura", destaca.

Tan es así, agrega la organización, que todavía en el año 2020 —cumplido un año de operación del programa LEEN— se reportaba que el 27% escuelas de nivel básico no contaban con agua potable; el 17.3% no tenía baños suficientes; y en 14.1% no había servicio de luz.

A esto se suman las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación en dicho programa en la Cuenta Pública 2020, las cuales ascienden a 573 mdp.

Según las reglas de operación, el programa LEEN "busca fortalecer la organización de las comunidades escolares mediante la instalación de los CEAP electos en asambleas escolares y lograr que rinda más el presupuesto, evitando la corrupción, el clientelismo y la discrecionalidad en el manejo del presupuesto destinado a la infraestructura educativa".

También se establece que el objetivo general del programa es "mejorar las condiciones de la infraestructura y el equipamiento de los planteles públicos de educación básica".

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Pero Luz Romano señala que, hasta la fecha, no hay manera de saber cómo se ha invertido el dinero para la escuela Nuestra desde su funcionamiento en 2019. "Se dice que benefició a 50,000 escuelas, pero no sabemos qué obra se hizo, dónde. Hay una gran opacidad del gobierno federal para informar al respecto", declara.

El presidente de la UNPF coincide en que la forma en que el gobierno federal pretende repartir los recursos de las escuelas de tiempo completo dentro del programa LEEN genera más discrecionalidad.

"Las mismas reglas de operación (del LEEN) no son claras, y ahora los recursos de las escuelas de tiempo completo los va a succionar este programa sin subsanar las observaciones de la ASF. Se esperaría que con este cambio haya transparencia", menciona Luis Arturo Solis Bravo.