La Secretaría de Educación Pública (SEP) decidió desaparecer las Escuelas de Tiempo Completo (ETC) y destinar el total de sus recursos al programa La Escuela es Nuestra (LEEN) para mejorar la infraestructura de los planteles educativos.
Pero tanto el programa como el rubro de infraestructura tienen observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por más de 573 millones de pesos que no han sido aclarados de la Cuenta Pública 2020.
"En la ASF hay observaciones a La Escuela es Nuestra, y ahora dice (la SEP) que los recursos de las escuelas de tiempo completo serán enviados para infraestructura", lamentaron este jueves en conferencia de prensa miembros de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF).
La SEP formalizó la desaparición de las ETC esta semana con la publicación de las Reglas de Operación 2022, afectando a 3.6 millones de niñas, niños y adolescentes. El argumento es destinar los recursos para mejorar la infraestructura de las instituciones educativas y así garantizar un regreso seguro a las aulas.
De acuerdo con el informe de la ASF, en 2020, su segundo año de operación, el programa LEEN recibió un presupuesto de 7.2 millones de pesos, de los cuales, 573 millones están pendientes de aclaración.
En las observaciones realizadas reportó que no hubo documentación que acredite el reintegro de 9 millones 450,000 pesos, correspondientes a los apoyos otorgados a 40 beneficiarios que no activaron las tarjetas bancarias en las que se depositaron los apoyos del programa.
Además, con la revisión de 1,757 expedientes, se constató que estos no cuentan con documentación que acredite la aplicación de apoyos por 564 millones de pesos; lo mismo en el análisis de 71 expedientes de beneficiarios que recibieron apoyos por un total de 12 millones de pesos.
En otros 1,686 expedientes adicionales se constató que tampoco hay documentación que acredite la aplicación de apoyos por 552 millones de pesos.
Información proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) da cuenta de que los integrantes de los Comités Escolares de Administración Participativa (CEAP) retiraron en su totalidad los apoyos de las cuentas bancarias en efectivo, por lo que no se pudo comprobar que los recursos se hubiesen destinado para cumplir con los objetivos del programa.
De otros 23 millones de pesos, solo existen "comprobantes simplificados, notas simples de venta o de remisión" sin que, en la mayoría de los casos, se tratara de planteles en los que, por su ubicación geográfica, se tuviera la necesidad de realizar adquisiciones de bienes y contratación de servicios en comercios, negocios o con personas que no cumplan con los elementos de comprobación fiscal, tal como lo establecen los lineamientos de operación del programa vigentes.
Según las reglas de operación, el programa LEEN "busca fortalecer la organización de las comunidades escolares mediante la instalación de los CEAP electos en asambleas escolares y lograr que rinda más el presupuesto, evitando la corrupción, el clientelismo y la discrecionalidad en el manejo del presupuesto destinado a la infraestructura educativa".
También, en ese documento de reglas, se señala que el objetivo general del programa es "mejorar las condiciones de la infraestructura y el equipamiento de los planteles públicos de educación básica".
Sin embargo, concluye la ASF, su cumplimiento es parcial, pues los integrantes de los CEAP, como responsables de la ejecución de los recursos, no cuentan con los conocimientos técnicos y experiencia en materia de construcción, rehabilitación y mantenimiento de infraestructura física educativa ni tampoco en el manejo y administración de los recursos.
"La normativa que regula la operación del programa carece de mecanismos periódicos de seguimiento, supervisión y evaluación que permitan ajustar su operación, ni se establecen los plazos máximos para que los planteles beneficiarios de los apoyos ejerzan y comprueben la aplicación de los recursos, ni se señalan posibles causales de incumplimiento en la aplicación de los apoyos", agrega la ASF en su informe.
La Unión Nacional de Padres de Familia recordó este jueves que las ETC había sido calificado por instituciones internacionales como "exitoso", pues no solo garantizaba un aprendizaje extra para los alumnos, sino también alimentos.
El programa de las escuelas de tiempo completo inició en 2007 con 441 instituciones de educación básica, en su mayoría están localizadas en zonas de alta marginación.
Ante la necesidad de atención, el número de escuelas inscritas al programa aumentó, y de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en 2018 se contabilizaron más de 27,000.
La normativa que regula la operación del programa carece de mecanismos periódicos de seguimiento.
En la revisión al programa que realizó el Coneval en 2018 se arrojaron resultados positivos. Por ejemplo, en la prueba PLANEA respecto de aprendizaje de matemáticas y lenguaje se concluyó que las escuelas integradas al programa lograron disminuir el número de estudiantes en rezago.
El propio Coneval señaló que el servicio de alimentación en las ETC son una intervención efectiva para mejorar el aprendizaje, principalmente en las primarias ubicadas en zonas de alta marginación.
"El Coneval ve una repercusión en el avance académico por la alimentación que daban estas escuelas. La educación en nuestro país sufre retrasos significativos, por ello, el programa debería representar una prioridad", dice la UNPF.
La desaparición de las ETC se vislumbraba desde hace dos años, cuando sufrió un recorte de 50% en su presupuesto al pasar de 10,189 millones de pesos, asignados en 2019, a 5,100 millones de pesos en 2020.
De enero a junio del ciclo escolar pasado, la SEP le asignó a las ETC 4,848 millones de pesos, por lo que tendrían 222 mdp para lo que restaría de ese año; es decir, un aproximado de 1,644 pesos mensuales para cada escuela, con lo que tuvieron que cubrir horas adicionales de directores y docentes, servicio de alimentación y materiales escolares.
