Caso de Emilio Lozoya pasa a etapa intermedia o de entrega de pruebas

Ante un recurso de la defensa de Lozoya, un tribunal federal consideró que la decisión de mantenerlo en prisión preventiva no estaba bien fundamentada, por lo que se realizó una audiencia este miércoles, en la que el juez expuso por casi una hora los argumentos para mantenerlo preso, pero que solo estaba relacionada con dicha medida cautelar implementada.

De acuerdo con el juez, la única medida cautelar que puede garantizar la presencia de Lozoya en el proceso es la prisión preventiva justificada, por lo cual ésta prevalecerá durante el tiempo que dure el proceso en el Reclusorio Norte. Por su parte, la defensa de Lozoya sostuvo que es injustificada porque el exdirector de Pemex no había violado las medidas anteriores –como la portación de un brazalete– y que se trataba de una represalia porque se le fotografió cenando un restaurante de lujo en Polanco.

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Esta nueva audiencia no cambia nada en el proceso contra el exdirector de Pemex, acusado de los delitos por operaciones con recursos de procedencia ilícita, ejercicio indebido del servicio público y cohecho. Según la acusación, recibió sobornos por hasta 10 millones de dólares de la constructora Odebrecht a cambio de contratos, incluso antes de ser designado director de Pemex (2012-2016).

Fue el 5 de enero, más de un año y medio después de que fue extraditado de España, que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó la acusación formal y solicitud de cárcel en contra de Emilio Lozoya, por presuntamente recibir sobornos millonarios de la empresa brasileña Odebrecht y el juez ordenó la apertura del juicio oral para que, en caso de ser declarado culpable, se le imponga una pena de 39 años de cárcel. Por el caso Agronitrogenados pidió otros 15 años de prisión.

La fiscalía pidió 15 años de prisión por el delito de lavado de dinero, 14 años por el cohecho y otros 10 por el de asociación delictuosa, en total 39 años. Además, solicitó una sanción económica de 5,450 días de multa —según la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente—, que es el equivalente a los montos máximos contemplados por los tres delitos.

También demandó el decomiso de la mansión ubicada en Quinta Mar de Ixtapa, Zihuatanejo, adquirida en 2013 bajo el nombre de Marielle Helene Eckes, esposa de Lozoya, por 1.9 millones de dólares, y que Lozoya repare un daño patrimonial estimado en 7 millones 385,000 dólares, cantidad que fue reclamada por fiscalía como condición para negociar con el exfuncionario un posible criterio de oportunidad, beneficio que lo convertiría en testigo colaborador y se podría cancelar el proceso.

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No obstante, en la audiencia de este miércoles el juez recordó que Lozoya no ha logrado obtener el criterio de oportunidad ni reparar el daño. “Si bien usted dice que lleva negociaciones con instancias del gobierno del más alto nivel eso no es suficiente porque, a la fecha, dicho criterio de oportunidad no se ha materializado”, expuso según Animal Político.

Una vez que se presentó la denuncia formal, se abrirá la etapa intermedia, en la que el juez valorará todas las pruebas presentadas por la FGR, la defensa y lo que las víctimas quieran aportar, y decidir si las admite o las desecha. El tiempo para que esto se lleve a cabo dependerá de la cantidad de pruebas que presenten las partes.

Una vez validadas las pruebas, iniciará el auto de apertura a juicio, que es la última etapa del proceso: el juicio oral.

Con información de Melissa Galván...