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Los feminicidios en México siguen sin reconocerse, pese a tipificación

Las cifras oficiales reconocen 10 feminicidios al día, pero pueden ser más porque muchos continúan sin ser admitidos como resultado de la violencia de género, revelan especialistas.
dom 12 diciembre 2021 06:30 AM
Feminicidios en México no reconocidos
Las alertas y las políticas han sido insuficientes para aminorar el saldo mortal de la violencia machista en México.

El 25 de marzo de 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una sentencia histórica: todas las muertes violentas de mujeres deben ser investigadas como feminicidios. Esto a partir del caso de Mariana Lima Buendía, asesinada por su esposo, un judicial del Estado de México.

A seis años de esa sentencia, sigue sin haber un reconocimiento por parte de las fiscalías, que clasifican los feminicidios como "homicidios dolosos de mujeres" o suicidios, tal como ocurrió con el caso de Mariana.

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"A pesar de los avances, el patrón sigue la impunidad y el no reconocimiento de los feminicidios. Por ejemplo, en Guerrero, las cifras oficiales nos muestran muy pocos feminicidios, y eso no quiere decir que no se estén cometiendo, sino que los ocultan", dice en entrevista María de la Luz Estrada, directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).

La activista recuerda que lo mismo ocurría antes de las sentencia de la Corte y de que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) comenzara a contabilizar los feminicidios: "No es que antes de 2012 no hubiera feminicidios, sino que no se reconocían, el tipo penal no se podía acreditar. Y hoy, ya con tipificación y tipo penal, todavía hay resistencia en el reconocimiento", agregó.

El SESNSP da cuenta de 5,546 feminicidios cometidos de 2015 a octubre de 2021 a nivel nacional. Estas cifras son las que reportan las fiscalías de las carpetas de investigación que abren por este delito, pero no necesariamente contabilizan todos los casos que tienen las características de un asesinato por razón de género.

Según los datos oficiales, en 2015 se cometieron 427 feminicidios y en 2020 se llegó una cifra histórica, con 975. Solo de enero a octubre de este año se registraron 842.

Las cifras de las fiscalías y del gobierno federal nos dicen que el Estado de México y Veracruz son hoy los que más femincidios registran, con 120 y 62 casos, respectivamente, en lo que va del año. Al respecto, Estrada señala que si bien enfrentan una situación grave, los otros estados no están exentos y deben revisarse las condiciones de cada uno.

"Además de Veracruz y Estados de México, yo veo muchos estados con altos índices de violencia feminicida. Por ejemplo, Jalisco es también un estado grave, donde tenemos un tema de trata de personas, de desaparición forzada, de feminicidios y violencia en el ámbito familiar", expone.

 

La directora del OCNF agrega que, a nivel municipal, las cifras oficiales y la forma en que se investigan los asesinatos de mujeres también complican el reconocimiento del problema desde lo local.

"Muchos municipios no están todavía acreditando los feminicidios. Entonces, no podríamos decir que un municipio es el más violento o compararlo con otro, porque además se deben ver los otros delitos, los índices de violencia familiar, de desapariciones, de violencia sexual", dice la defensora de derechos humanos.

Incluso hoy en día, dice Estrada, no hay un mapeo claro de las desapariciones de mujeres para poder determinar cuál es el municipio más peligroso, y esto ocurre aun cuando las Alertas de Violencia de Género por desaparición o feminicidio identifican algunos municipios. Por ejemplo, en Guerrero hay ocho municipios con alerta, y aquel con el problema más grave de desaparición no figura en la lista.

En 2019, la Suprema Corte emitió la segunda sentencia en materia de feminicidio por el asesinato de Karla Pontigo, de 22 años, asesinada en octubre de 2012 en San Luis Potosí, un caso que la Fiscalía General del Estado (FGE) clasificó como suicidio y luego, como homicidio culposo.

La SCJN no solo ordenó reabrir la investigación, sino que recordó que las autoridades, fiscalías y jueces debían seguir las rutas establecidas desde 2015 para investigar, sancionar y lograr una reparación del daño con perspectiva de género. Hoy, el caso de Karla Pontigo está en manos de la Fiscalía General de la República (FGR).

"El feminicidio es un delito grave en sí mismo, porque no solamente va a tentar contra la vida. Es un delito plurieofensivo que atenta contra la integridad, la dignidad, la libertad y, por último, la privación de la vida", expresa Estrada.

Existe una red de obstáculos de impunidad que hacen que la verdadera cifra de feminicidios se oculte tras lo que reporta la autoridad".
María de la Luz Estrada, directora del OCNF.

 

La desigualdad, el prisma

Un estudio reciente de Data Cívica refiere que la tasa de desocupación laboral femenina tiene relación con la incidencia de feminicidios: si aumenta la tasa de desempleo en una unidad, la tasa de feminicidios crece hasta en 12.13%.

Aunque esto no es "la regla" o la evidencia de que solo los municipios con mayor desarrollo, empleo y acceso a servicios básicos tienen menor incidencia en asesinatos de mujeres, el estudio sostiene que existe una relación entre la pobreza y la violencia feminicida.

"Esto no depende de clases sociales o la pobreza per se, sino que entre mayores ingresos obtenga un hogar, existe una mayor protección frente a la violencia contra las mujeres, lo cual no elimina el riesgo ni evita que las mujeres puedan ser asesinadas", aclara el informe.

Al respecto, Mariana Orozco, coordinadora del diagnóstico elaborado por Data Cívica, explica que la conclusión del estudio tiene que ver con los conceptos de "empoderamiento" y "política pública". Precisa que el estudio compara la experiencia de México con la de otros países.

"Mientras en otras partes del mundo hay estudios que relacionan el empoderamiento, acceso a servicios y escolaridad con una mayor fragilidad o con un mayor riesgo de tener un feminicidio, aquí en México, al utilizar este modelo y cruzar las variables, encontramos que no, que es al revés", comenta Orozco.

En este sentido, agrega que el empoderamiento o el acceso a actividades remuneradas disminuye el riesgo de violencia feminicida, pero solo en el ámbito doméstico, no tanto en el público.

 

La activista e investigadora coincide en que para determinar el nivel de riesgo por estado o municipio se deben tener en cuenta otras otras variables, como los delitos del entorno y la forma en que las autoridades están contando los feminicidios.

"Nuevo León está entre los cinco estados con más feminicidios porque los cuentan, es un argumento que te dice el gobierno, pero dentro del mismo Nuevo León también hay mucho desigualdad. Está San Pedro Garza García, que es el municipio más rico de América Latina, pero también tienes otros municipios que no tienen el mismo nivel de ingreso por habitante. Monterrey y cualquier otro municipio del Estado de México se parecen mucho en el perfil industrializado y nivel de desigualdad", expone.

La desigualdad sí es un factor grave para cierto tipo de violencias, como la feminicida
Mariana Orozco, coordinadora del diagnóstico de Data Cívica

Los asesinatos de mujeres

A todo este panorama se suma la reconfiguración de las formas en que las mujeres son asesinadas en México, un patrón que cambió a partir de 2006, cuando el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) inició la llamada guerra contra el narcotráfico.

En el estudio Violencia de género con armas de fuego en México , publicado en octubre pasado por cuatro organizaciones civiles, se demuestra que hoy en día, la mayoría de los asesinatos de mujeres se comete en la vía pública y con arma de fuego.

A principios de la década del 2000, solo tres de cada 10 mujeres eran asesinadas de esta manera; en 2010, pasaron a representar el 54.3%.

Pero estos casos son catalogados por las autoridades como "víctimas colaterales" en medio de un "fuego cruzado", lo que vuelve más complicado que el reconocimiento del problema.

Las políticas públicas

En México, actualmente 23 estados cuentan con Alerta por Violencia de Género y diversas acciones para hacer frente al feminicidio y las desapariciones de mujeres.

Mariana Orozco considera que las políticas tendrían que enfocarse en la prevención, pues la alerta es ya cuando hay una situación grave de violencia de género y ocurrieron muchos asesinatos. Además, manifiesta que se deben homologar los tipos penales para tipificar los feminicidios en las entidades.

"Una alternativa son las campañas, talleres o programas que vayan más hacia entender que este no es un problema privado, por ejemplo, en el caso de las parejas, sino que es un problema público por los costos sociales y económicos que deja un asesinato... los niños se quedan huérfanos y de ahí deriva una serie de consecuencias que terminan siendo costeadas por la seguridad social", refiere la investigadora.

Para María de la Luz Estrada es indispensable mejorar los protocolos de investigación para la acreditación de la razones de género, y esas investigaciones deben derivar en un diagnóstico con un impacto de prevención.

"Ya se han hecho muchas cosas, lo que no se ha hecho, y que a los autores no les gusta decir es 'vamos a revisar cómo mejorar la investigación', para eso deben servir también las alertas, para hacer un diagnóstico y mejorar", expresa.

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