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Auditores locales denuncian trabas para revisar recursos federales de municipios

Los auditores estatales señalan que la Auditoría Superior de la Federación canceló los convenios para la fiscalización del gasto federalizado; advierten que se abre espacio a la corrupción.
mar 07 diciembre 2021 06:00 AM
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Los encargados de la fiscalización en estados consideran que el que la ASF haya cancelado los convenios con sus organismos para revisar los recursos federales, propicia el uso indebido de éstos.

Auditores de las 32 entidades del país denunciaron que desde hace un año, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) canceló los convenios que les permitían fiscalizar el gasto federalizado que se destina a los municipios del país.

Los auditores estatales han advertido que la situación "es grave", pues debido a esa decisión la ASF ya se les ha desconocido su competencia para auditar gasto federalizado en ayuntamientos y con ese argumento ya ha devuelto expedientes que se le remiten para eventuales denuncias e inicio de procedimientos penales.

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La problemática fue expuesta por los titulares de las 32 Auditorías Superiores en una reunión con diputados de la Comisión de Vigilancia de la ASF, que encabeza el priista Pablo Angulo.

“En estos momentos se nos está complicando más (la problemática) porque hay asesores que están llegando a los municipios con un mensaje: que las Auditorías locales no tenemos facultad de auditar ciertos fondos federales y en específico obras. Y como son municipios muy pequeños tampoco los va a auditar la ASF por el tema de importancia relativa”, advirtió Mario Can Marín, auditor superior de Yucatán.

En la reunión, rechazaron la decisión de dar por cancelados los convenios y no renovarlos desde hace un año, al señalar que hay anomalías detectadas en las que no se ha procedido a presentar denuncias y, además, de que los nuevos funcionarios municipales "se saben a salvo de toda fiscalización lo que podría desatar aún más corrupción".

Can Marín señaló que las auditorias que realizan provienen de un Programa Anual de Auditorías y de denuncias ciudadanas y urgió a dar ya una solución, al señalar los hallazgos sobre el ejercicio del gasto de 2018, 2019 y 2020 van a prescribir y se quedarán impunes.

"Hemos recibido denuncias de obras no concluidas, han sido motivo de fiscalización, hemos tenido hallazgos, hemos presentado (casos) para perseguir por la vía de la denuncia, pero nos hemos topado con que nos han declinado competencia, que no podemos seguir avanzando".
Mario Can Marín, auditor superior de Yucatán.

"Hemos enviado (los expedientes) a la ASF, se nos han devuelto y para mí es un tema muy preocupante, no podemos mandar un mensaje de impunidad como ese", alertó.

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El auditor de Aguascalientes, Francisco Martín Muñoz Castillo, explicó que en enero y febrero 2017 se publicaron los convenios para la fiscalización del gasto federalizado en el marco del Sistema Nacional de Fiscalización, pero el 2 de diciembre de 2020 la Dirección General Jurídica de la ASF les notificó "unilateralmente" a los entes de fiscalización que los convenios estaban terminados.

De acuerdo con el funcionario, la cancelación de éstos se analizó jurídicamente y se concluyó que el servidor público que suscribió los oficios, carecía de las atribuciones para dar por terminados los convenios y por ello siguen vigentes, pero la ASF no lo reconoce así.

Desde que se dieron por terminados los convenios, los auditores estatales se han organizado y reunido en siete ocasiones para acordar propuestas, buscar diálogo y a través de la Comisión de Vigilancia de la ASF, buscar institucionalmente la actualización de los mismos.

Tanto Muñoz Castillo como Jesús Ramón Moya Grijalva, de Sonora, consideraron que al no establecer un nuevo convenio se propicia el uso indebido de recursos públicos porque los funcionarios municipales saben que no se va a revisar.

Moya Grijalva explicó que las auditorías locales revisan las cuentas públicas estatales y el 100% de los recursos de sus estados, pero hay algunas entidades que no pueden revisar recursos federales salvo que exista un convenio con la ASF.

“Desafortunadamente la falta de comunicación entre la ASF y los estados llevó a la cancelación de los convenios”, dijo.

Además, el auditor sonorense aseguró que menos del 10% de los casi 2, 400 municipios son fiscalizados por la ASF. Eso se debe al criterio de importancia relativa, pues el volumen de recursos que recibe cada ayuntamiento es reducido. Pero para las comunidades vigilar el ejercicio de 2 millones de pesos, por ejemplo, marca la diferencia entre tener agua potable o no.

“Si sacáramos la estadística de la cantidad de recursos que quedan fuera de la fiscalización y la posibilidad del uso indebido de ellos muy probablemente sería el 20 o 25% del presupuesto de egresos”
Jesús Ramón Moya Grijalva, auditor Superior de Sonora.

Armando Plata, auditor superior de Coahuila, hizo un recuento numérico para demostrar que si bien la ASF revisa gasto federalizado que reciben las entidades, la mayoría de los municipios quedan fuera.

Explicó que aunque ha habido un incremento de revisión de municipios en 2018 y 2019, la mayor parte son revisiones de disciplina financiera y la intensidad y alcance de auditorías no es el mismo.

Anomalías en la impunidad

El auditor de Sonora también puso énfasis en que las Auditorías locales detectan anomalías, pero éstas quedan impunes pues la ASF les desconoce facultades, ante la inexistencia de convenios.

“Nosotros revisamos pero cuando detectamos desviaciones de recursos o faltas graves, la ley dice que debemos comunicarlo a la ASF. Desafortunadamente los expedientes que hemos remitido a la ASF para que los continúen con el procedimiento nos han sido regresados sistemáticamente porque no se derivan de revisiones de la ASF y que por lo tanto no son sujetos de seguimiento.

“Esto significa que esos cientos o miles de hallazgos de desviación de recursos públicos, de aplicación incorrecta de los fondos de los ayuntamientos no pueden ser sujeto de sanción en el ámbito local”, advirtió.

Dijo que dado que la ASF no ha querido presentar denuncias directas ante la Fiscalía General de la República ya están buscando opciones distintas a las que establece la ley.

Moya Grijalva pidió reformas para que las auditorías locales puedan realizar la fiscalización de cualquier tipo de recurso e iniciar procedimientos.

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Urgen ley general

En la reunión de la Comisión de Vigilancia, Francisco José Romero Serrano, auditor superior de Puebla y coordinador de la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control gubernamental, expuso la urgencia de una ley general de fiscalización que con normas, criterios y conceptos estandarizados agrupe en un solo cuerpo el sistema nacional de fiscalización coordinado por la ASF.

En ella pidió que se den a las auditorías locales facultades para la revisión de recursos federales y para el inicio de procedimientos de responsabilidad administrativa y penal.

Nuevo convenio

De manera virtual el titular de la ASF, David Colmenares Páramo recordó que en 2015 se ampliaron las facultades de este ente para fiscalizar todas las transferencias de recursos federales pero vía un convenio se les permitía a las Auditorías locales realizar las revisiones.

Ahora “estamos trabajando un sistema de colaboración administrativa” y en un nuevo convenio de colaboración, que está en preparación desde hace un año.

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