El auditor de Aguascalientes, Francisco Martín Muñoz Castillo, explicó que en enero y febrero 2017 se publicaron los convenios para la fiscalización del gasto federalizado en el marco del Sistema Nacional de Fiscalización, pero el 2 de diciembre de 2020 la Dirección General Jurídica de la ASF les notificó "unilateralmente" a los entes de fiscalización que los convenios estaban terminados.
De acuerdo con el funcionario, la cancelación de éstos se analizó jurídicamente y se concluyó que el servidor público que suscribió los oficios, carecía de las atribuciones para dar por terminados los convenios y por ello siguen vigentes, pero la ASF no lo reconoce así.
Desde que se dieron por terminados los convenios, los auditores estatales se han organizado y reunido en siete ocasiones para acordar propuestas, buscar diálogo y a través de la Comisión de Vigilancia de la ASF, buscar institucionalmente la actualización de los mismos.
Tanto Muñoz Castillo como Jesús Ramón Moya Grijalva, de Sonora, consideraron que al no establecer un nuevo convenio se propicia el uso indebido de recursos públicos porque los funcionarios municipales saben que no se va a revisar.
Moya Grijalva explicó que las auditorías locales revisan las cuentas públicas estatales y el 100% de los recursos de sus estados, pero hay algunas entidades que no pueden revisar recursos federales salvo que exista un convenio con la ASF.
“Desafortunadamente la falta de comunicación entre la ASF y los estados llevó a la cancelación de los convenios”, dijo.
Además, el auditor sonorense aseguró que menos del 10% de los casi 2, 400 municipios son fiscalizados por la ASF. Eso se debe al criterio de importancia relativa, pues el volumen de recursos que recibe cada ayuntamiento es reducido. Pero para las comunidades vigilar el ejercicio de 2 millones de pesos, por ejemplo, marca la diferencia entre tener agua potable o no.
“Si sacáramos la estadística de la cantidad de recursos que quedan fuera de la fiscalización y la posibilidad del uso indebido de ellos muy probablemente sería el 20 o 25% del presupuesto de egresos”
Jesús Ramón Moya Grijalva, auditor Superior de Sonora.
Armando Plata, auditor superior de Coahuila, hizo un recuento numérico para demostrar que si bien la ASF revisa gasto federalizado que reciben las entidades, la mayoría de los municipios quedan fuera.
Explicó que aunque ha habido un incremento de revisión de municipios en 2018 y 2019, la mayor parte son revisiones de disciplina financiera y la intensidad y alcance de auditorías no es el mismo.
Anomalías en la impunidad
El auditor de Sonora también puso énfasis en que las Auditorías locales detectan anomalías, pero éstas quedan impunes pues la ASF les desconoce facultades, ante la inexistencia de convenios.
“Nosotros revisamos pero cuando detectamos desviaciones de recursos o faltas graves, la ley dice que debemos comunicarlo a la ASF. Desafortunadamente los expedientes que hemos remitido a la ASF para que los continúen con el procedimiento nos han sido regresados sistemáticamente porque no se derivan de revisiones de la ASF y que por lo tanto no son sujetos de seguimiento.
“Esto significa que esos cientos o miles de hallazgos de desviación de recursos públicos, de aplicación incorrecta de los fondos de los ayuntamientos no pueden ser sujeto de sanción en el ámbito local”, advirtió.
Dijo que dado que la ASF no ha querido presentar denuncias directas ante la Fiscalía General de la República ya están buscando opciones distintas a las que establece la ley.
Moya Grijalva pidió reformas para que las auditorías locales puedan realizar la fiscalización de cualquier tipo de recurso e iniciar procedimientos.
