Cambios en reglamento de la Auditoría perfilan debilitamiento, denuncian

El 25 de agosto pasado el Diario Oficial de la Federación publicó las reformas al Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación en las que se eliminó, como parte de las atribuciones de los auditores especiales, la de presentar denuncias penales y poder darles seguimiento.

La fracción eliminada establecía “Presentar por sí o mediante sus direcciones generales, las denuncias penales que procedan, como resultado de las irregularidades detectadas con motivo de la fiscalización superior, con apoyo en los dictámenes técnicos respectivos; así como coadyuvar en los procesos penales, tanto en la etapa de investigación como en la judicial”.

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El exauditor explica que el nuevo reglamento elimina la facultad de las áreas para elaborar dictámenes técnicos, que es el documento que contempla todos los antecedentes del proceso de fiscalización, los procedimientos, los resultados y presenta los posibles hechos irregulares y posibles imputados.

Con los cambios, ya no podrá ser cada área auditora la que realice los dictámenes técnicos ni la que presente denuncias cuando encuentre alguna anomalía, como lo marca el artículo 43 de ley de la Auditoría o el 22 del Código Nacional de Procedimientos Penales, sino que será el Área Especial de Seguimiento, a cargo de Nemesio Ibáñez Aguirre, la encargada.

Esto, para el exauditor y expertos en la materia, concentra en una sola persona la tarea, lo que va en contra de los principios de imparcialidad, transparencia y objetividad, así como puede dar lugar a la opacidad y arbitrariedad y llevar actos de corrupción.

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Debido estos cambios, Gerardo Lozano decidió renunciar a su cargo.

“Yo no estoy dispuesto a trabajar con estas reglas del juego donde yo no puedo influir en que el resultado de mi trabajo dé como lugar una denuncia”, aseguró.

El exfuncionariodetalla que su equipo logró elaborar 138 denuncias técnicas por más de 19,000 millones que se concretaron en denuncias penales.

En respuesta, el área de Comunicación de la ASF defendió que las recientes reformas al Reglamento Interior se realizaron con base a la autonomía de gestión y en total apego a las disposiciones constitucionales y legales que rigen su actuación, y argumentó que el trasladar la facultad de la elaboración de los Dictámenes Técnicos para denuncia penal de las Áreas Auditoras a la Auditoría Especial de Seguimiento fortalecerá el proceso de fiscalización en cada una de sus etapas.

“La determinación de la presente administración ha sido en todo momento fortalecer el proceso de fiscalización, hacerlo más transparente, prevenir posibles conflictos de interés hacia el interior así como evitar que las áreas auditoras sean juez y parte”, detalló en un comunicado.

El organismo, a cargo de David Colmenares, detalló que “las denuncias que se vayan a presentar no recaerán por ningún motivo en la decisión de una persona”, y para ello se tiene un grupo de trabajo donde participa personal de las Auditorías Especiales de Cumplimiento Financiero, de Gasto Federalizado, de Seguimiento además de la Unidad de Asuntos Jurídicos; además que con la reforma se creó la Dirección General de Auditoría Forense para el Gasto Federalizado.

Circunstancia que fue negada por el exauditor, quien expone que se está creando un área forense que va a pasar sus resultados al área de seguimiento, es decir va a ser igual, y negó que existiera un grupo de trabajo, como lo señaló la ASF.

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Al respecto, Ángeles Estrada, directora de la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey, señaló que “es muy preocupante” la reforma porque le están dejando todas las tareas a una sola área.

“El hecho de darle todo este poder a una sola auditoría nos puede meter en muchos problemas (…) se le está quitando como la posibilidad de ser transparente a la Auditoría Superior de la Federación”, comentó al insistir en que el “monopolio de facultades para una sola autoridad” puede dar lugar a corrupción.

Por su parte, Alejandro Alegría Matus, investigador de finanzas públicas y anticorrupción de ETHOS, coincidió en que la situación no beneficia a la labor que debería cumplir de manera eficiente la fiscalización de recursos públicos, por lo que hizo un llamado a la Unidad de Evaluación y Control y a la Comisión de vigilancia de la ASF a tomar “cartas en el asunto”.

“Los cambios y lo que sucede al interior de la ASF, movimientos y lo que ha sucedido antes, revelan una falta de estabilidad que en términos de políticos públicas y pudiera estar revelando una problemática del funcionamiento que impida realizar de mejor forma la fiscalización de los recursos”, comentó.