El titular de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Víctor Manuel Andrade Martínez, informó que en el último mes se han presentado 18 denuncias penales por presuntas irregularidades detectadas en las Cuentas Públicas 2018 y las anteriores.
El exauditor especial de cumplimiento financiero, Gerardo Lozano, denunció el 11 de noviembre, en su carta de renuncia, que dejó tres dictámenes técnicos para la presentación de denuncias de hechos.
Andrade confirmó este martes, ante diputados, que estas querellas ya fueron presentadas.
“Estaban pendientes porque se sigue un proceso, al día de hoy no hay un solo dictamen técnico que se haya enviado en su momento a la Unidad de Asuntos Jurídicos y esté pendiente”, sostuvo.
En escrito a los diputados de la Comisión de Vigilancia de la ASF, Lozano acusó que con las recientes reformas al reglamento de ese órgano fiscalizador y publicadas el 25 de agosto, se otorgaron a una sola área –la Auditoría de Seguimiento–, la facultad exclusiva de presentar denuncias penales y dar por solventadas las observaciones, lo que generaría opacidad y arbitrariedad.
Andrade Martínez acudió a la Comisión de Vigilancia a explicar las razones de la reforma reglamentaria y responder a los cuestionamientos de Lozano Dubernard.
Respecto al señalamiento de que este exfuncionario dejó más de 60 dictámenes técnicos por 21,000 millones de pesos y que seguían pendientes en la Auditoría Especial de Seguimiento para la eventual presentación de nuevas denuncias, Andrade indicó que una parte aún sigue en revisión.
Aseguró que de este listado en proceso de revisión hay un par de denuncias que ya se había presentado y 40 se derivan de una sola auditoría que concluyeron en un solo proyecto de dictamen.
El caso se refiere a una sola dependencia que entregó recursos a diversas organizaciones, también de cuentas públicas 2018 y anteriores, expuso.
"Diversos proyectos de dictámenes técnicos están siendo revisados por las diversas áreas auditoras, de seguimiento y jurídica. No es decisión de una persona”, insistió.
Cuestionado por diputados de todos los partidos sobre los alcances de la reforma al reglamento interno, Andrade insistió en que con los cambios a ese ordenamiento “no se altera, suprime, se mocha ninguna atribución” de las áreas auditoras.
“Lo que hace es simplemente distribuir las facultades que le da la Constitución en las diferentes unidades administrativas” pues se decidió trasladar la elaboración de dictámenes técnicos para denuncia penal, facultad que tenían las unidades auditoras, para que esa atribución sea ahora de la Auditoría de Seguimiento", expuso.
Abundó que “eso va a fortalecer las denuncias penales que se presenten ante la Fiscalía General de la República (FGR)” pues al no ser las áreas auditoras las que realicen la tarea de recibir respuesta a observaciones y a decidir si se solventan o no, ya no serán “juez y parte” en los procedimientos.
Además, la presentación de las denuncias penales no es el trabajo de una sola persona, sino el trabajo derivado de un proceso de fiscalización integral”, aseguró para controvertir la acusación de Lozano respecto a que la decisión quedara en manos del auditor David Colmenares y su cercano colaborador Nemesio Arturo Ibáñez, auditor especial de Seguimiento.
"Antes –expuso- con el Reglamento Interior corríamos el riesgo de que habiéndose presentado una denuncia hubiera corrido un carril distinto en la etapa de seguimiento y esto nos hubiera causado un impacto en las distintas etapas que contempla el sistema penal acusatorio".
Justificó que ahora “se elimina cualquier posibilidad de discrecionalidad, conflicto de interés y que haya áreas que sean juez y parte en la presentación de estas denuncias”.
