Sobre la voluntad política, la especialista dijo que hace falta un liderazgo de Estado para impulsar que las herramientas y aparatos jurídicos creadas por las Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas sean implementados a nivel estatal y federal.
De acuerdo con Brewer, los niveles de violencia en México señalan la necesidad de fortalecer, profesionalizar y contar con un sistema de procuración de justicia con rendición de cuentas, algo que todavía es un pendiente del Estado Mexicano.
Los últimos tres presidentes de México —Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador— han privilegiado en su estrategia de seguridad el uso de la fuerza pública a través de una militarización, que ha tenido graves consecuencias en materia de derechos humanos, considera.
Para la especialista de WOLA, esta apuesta no podrá hacer que la crisis de desapariciones pueda ser resulta en el mediano y largo plazo.
“El uso de la fuerza siempre va a ser un componente del actuar de cualquier estado en cualquier momento, pero no va a poner fin a los fenómenos delictivos, no va a prevenir los fenómenos delictivos. La herramienta que sí puede desarticular, esclarecer, prevenir y reducir es a través de la investigación y la procuración de justicia”, dijo.
