Por ello, el vínculo entre seguridad y justicia nunca ha sido más relevante. Parte del ejercicio de procuración de justicia es el forense: buscar rastro, evidencia, escudriñar huellas de la vida de una persona, perseguir la huella de su último aliento. Ante la ola de feminicidios y ejecuciones iniciados durante gobiernos anteriores por los grupos delincuenciales, y la continuación de la violencia inhumana que perpetran en su voracidad por el lucro del narcotráfico y de las actividades delictivas, ha aumentado el número de asesinatos, de desaparecidos, de fosas comunes.
Frente a ello, se ha integrado, por primera vez a la agenda pública la búsqueda de los desaparecidos. A diferencia de gobiernos anteriores, éste no es insensible. Su esfuerzo no es transitorio ni efímero, puesto que lo ha institucionalizado mediante la conformación de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas –creada bajo el artículo segundo apartado IV de la Ley de Desaparición Forzada– y el rediseño orgánico de la Secretaría de Gobernación, para establecer la subsecretaría de Derechos Humanos, Migración y Población de México, presidida por Lic. Alejandro Encinas Rodríguez.
Asimismo, con la aprobación el 12 de octubre de 2017 de la Ley General de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema de Búsqueda de Personas, se ha hecho un trabajo interinstitucional para buscar evidencia que contribuya a la justicia, en vez de construir “verdades históricas”, y de implementar la identificación de cuerpos localizados en fosas en diversas entidades del país. Esto constituye un hecho nunca visto en la historia institucional del país, y que contribuye a que México avance hacia la protección de los derechos humanos. El gobierno se ha planteado como meta localizar restos humanos y otorgar identidad a los desaparecidos.
Los pequeños logros de la Comisión deberán multiplicarse para que el Estado Mexicano cumpla con la garantía de no repetición, una de las garantías individuales que persiguen que la violación de derechos humanos no se vuelva a presentar.
La institucionalidad de la atención de este problema público de alcance nacional debe hacer poco a poco un vínculo más estrecho entre la justicia, la seguridad y la salvaguarda de los DDHH. Uno de estos resultados es que hasta el momento existen 19 comisiones locales de búsqueda a nivel nacional, que continuarán creciendo. Otro éxito fue la emisión el 13 de julio del Informe de Búsqueda, Identificación y Registro de Personas Desaparecidas, presentando un informe histórico del 2006 al 30 de junio de 2020 del Registro Nacional de Fosas Clandestinas y Cuerpos Exhumados. Dicho documento arrojó que desde 2018 al 2020, un total de 27 mil 871 personas se encuentran desaparecidas y no localizadas, localizándose principalmente los estados con mayor reporte desapariciones: Estado de México, Jalisco, Tamaulipas, Sinaloa y Veracruz. Es precisamente en estas entidades donde debe existir mayor sensibilización por parte de las autoridades gubernamentales para coadyuvar en la búsqueda de personas desaparecidas.
