Si quienes infringen la ley son gobernadores, secretarios de Estado, integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) o de organismos autónomos también podrían ser sujetos a juicio político o en caso de faltas graves y reiteradas, se propone la destitución e inhabilitación para desempeñar cargos en el sector público por hasta 20 años.
Según la gravedad y quien las cometa (funcionarios de menor rango), el catálogo de infracciones propuesto incluye amonestación pública, multa de hasta 10,000 veces la Unidad de Medida y Actualización o la suspensión temporal de derechos políticos durante los siguientes tres procesos electorales federales (9 años).
Este lunes sesionarán las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos segunda del Senado, para dictaminar las iniciativas de Ley Federal de Revocación de Mandato, en total cinco propuestas: de Ricardo Monreal (Morena), Damián Zepeda (PAN), Claudia Ruiz Massieu (PRI), Dante Delgado (Movimiento Ciudadano) y ahora la de Miguel Ángel Mancera.
La pregunta
En la presentada por el coordinador del PDR se señala que la decisión de revocación no se puede basar en "una pérdida de confianza o molestia con la persona titular, sino puede devenir de un desacuerdo con la instrumentación de políticas” por lo que se excluye de la pregunta la razón de la remoción del cargo.
“¿Está de acuerdo con que se revoque el mandato de [nombre de la persona titular de la Presidencia de la República] para que sea removido del cargo?”, propone como pregunta.
