Graciela Meza Díaz, de la Asociación Nacional de Escuelas Preparatorias Particulares Incorporadas a la SEP (ANEPPI), señaló que la aplicación de esta regulación equivaldría a no contar con entre el 25 y 35% de los ingresos anuales, lo que les obligaría a contratar créditos para pagar nómina y otros costos, que aumentaría el gasto en alrededor de 14%.
El proyecto de Norma Oficial Mexicana “PROY-NOM-237-SE-2020” de la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía, fue publicado el 12 de mayo en el Diario Oficial de la Federación (DOF) pero aún no ha sido validado ni entrado en operación, por lo que hicieron un llamado a la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, a revertir el proyecto.
De acuerdo con el documento publicado, su propósito es establecer las especificaciones que los prestadores de servicios educativos tienen que cumplir para informar a madres y padres de familia, tutores y/o usuarios sobre los servicios que se presten, bajo los principios de transparencia y calidad de los mismos, salvaguardando el derecho a la educación consagrado en el artículo 3 de la Constitución.
La Secretaría de Economía explicó en una ficha técnica que fue propuesta por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y que entre algunos de los objetivos está el evitar que los prestadores de servicios educativos establezcan cobros injustificados o innecesarios durante el ciclo escolar sin previa autorización de los usuarios del servicio, ni obligarlos a contratar servicios adicionales para la acreditación de los planes y programas de estudios; en cuyo caso, estos serán proporcionados sin costo para los usuarios del servicio.
María Luisa Flores del Valle, de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares (ANFE - ANEP), detalló que además de sobrregulatorio y de plantear una duplicidad de funciones entre la Secretaría de Educación Pública y de Economía, ignora la forma de actuar de las instituciones, pues no son “proveedores” y los educandos no son consumidores, es decir, no se establece una relación comercial, dado que la educación es un servicio público y no mercantil.
“El proyecto no puede salvaguardar las causas económicas o comerciales, porque la educación no es una actividad comercial, por lo tanto, las escuelas particulares son asociaciones civiles, sus actividades son de carácter civil y no mercantil, independientemente que la educación no es servicio mercantil sino civil”, comentó .
Hoy en día lo único que decimos es ‘No’ a la NOM-237 y la reflexión y cambio de rumbo de la Secretaría de Economía y sobre todo de la Profeco (…) necesitamos el apoyo para que esta NOM se eché para atrás y que la secretaría de Economía dé oportunidad al diálogo, lo que queremos es defender a la educación.
María Luisa Flores del Valle, de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares (ANFE - ANEP)
La Secretaría de Economía señaló que no interferirá con las atribuciones en materia educativa que tiene la SEP, ni con lo que tiene que ver con las instalaciones de las instituciones educativas, que es responsabilidad de otras autoridades.
"La NOM 237 no pretende establecer nuevas obligaciones, simplemente se van a clarificar las obligaciones que ya tienen los prestadores de estos servicios en beneficios de las y los consumidores", afirmó en la ficha técnica.
