La consulta popular arrojará un resultado "ambiguo y genérico": especialistas

Y quien va estar obligado a cumplir con ese mandato “ambiguo y genérico” de la consulta, es el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que, de entrada, “ya nos dijo que ni va a participar y que si lo hace, votaría por el no, porque su fuerte no es la venganza”, añade Martín Reyes.

Además -agrega en entrevista con Expansión Política-, el alcance de lo que se decida en este ejercicio de democracia participativa, que tendrá un costo de 528 millones de pesos, “está relacionado solo con las facultades discrecionales del poder Ejecutivo”, no con las decisiones de las fiscalías general y locales.

Si las fiscalías cuentan con pruebas suficientes respecto de la posible comisión de algún ilícito, tienen el deber de investigar, no esperar al resultado de una consulta, pues la justicia no se consulta, se aplica, enfatizó.

Contenido de la pregunta

Así, el próximo 1 de agosto los ciudadanos deberán expresar el sentido de su voluntad al manifestarse por el “SÍ” cuando estén a favor o por el “NO" cuando estén en contra, respecto de la pregunta avalada por la Corte, que a la letra dice:

"¿Estás de acuerdo o no en que se llevan a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?".

Para Reyes y Burgoa, el contenido de la nueva pregunta no es la que, en los hechos, busca promover la administración lopezobradorista que tiene casi como exclusiva dedicatoria a cinco expresidentes.

Y es que en su inicio, el presidente propuso que se preguntara a la ciudadanía:

¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?.

Incluso, el 2 de octubre de 2020, el propio López Obrador se quejó de que los ministros cambiaran la pregunta original, ya que dijo, la nueva es “poco clara”.

“Se aprobó que se lleve a cabo esta consulta, se cambió la pregunta, es otra, al final es sí o no y ya la gente va a irla interpretando. Es genérica, no diría abstracta, sería mucho, es poco clara”, dijo el mandatario en aquella ocasión y detalló lo que, a su juicio, se debe entender:

“Se puede interpretar cómo quieres que se investigue y, de conformidad con la ley, se juzgue a los expresidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto? ¿Sí o no?”.

Con 8 votos favor y 3 en contra, los ministros de la Corte avalaron el nuevo cuestionamiento a presentar a la ciudadanía.

Consulta Popular vs pregunta de AMLO

Javier Martín Reyes considera que en su inicio, “López Obrador presentó una propuesta muy clara y lo dijo con todas sus letras: “quería que se sometiera a consulta popular si se debían o no iniciar las investigaciones y los procesos penales en contra de cinco expresidentes por la posible comisión de delitos antes, durante y después de sus mandatos”.

En este punto, explica, la materia “era clarísima”: Era una materia penal, relacionada con posibles delitos cometidos por expresidentes. Además, los sujetos estaban también muy definidos: eran Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto.

Lo que se buscaba era iniciar investigaciones penales -siguiendo el debido proceso- y determinar si se podía concluir o no con sentencias condenatorias, es decir, con un posible encarcelamiento de los exmandatarios.

EI especialista en políticas judiciales del Centro de Investigaciones y Docencias Económicas (CIDE), insiste que la ambigüedad y generalidad de la nueva pregunta abre todo un abanico de posibilidades respecto a qué “actores políticos” se refiere y sobre qué “decisiones políticas tomadas en los años pasados” se deben investigar.

Ello, dado que se pretende impulsar la idea de que la consulta es únicamente para enjuiciar a Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto, cuando en los hechos, se podría ir más allá de estos personajes.

“Quizá podríamos utilizar esta consulta para esclarecer hechos políticos del pasado como el 68 (La matanza de Tlatelolco) o el 71 (El Halconazo), ahí hay también la posible comisión de delitos, hay víctimas”, comenta.

Además, “hay un expresidente (Luis Echeverría) que ya tienen una condición de salud bastante complicada, pero en sentido estricto, si hay posibles crímenes de lesa humanidad, que no prescriben, en principio no se podría descartar”.

En su opinión, ni la pregunta ni la sentencia de la Corte señalan que es obligatorio que si gana el “Sí”, se tienen que instalar necesariamente comisiones de la verdad ni tampoco refiere cuáles son las verdades que se tienen que investigar o cuáles son los posibles efectos jurídicos.

Y lo esencial, anota el también abogado constitucionalista de la UNAM, “¡no sabemos quienes son los actores políticos del pasado!. Pueden ser los expresidentes, seguramente sí, pueden ser o no, los secretarios de Estado, subsecretarios, integrantes de las policías, el propio gobernador Javier Cabeza de Vaca”.

Pero, “lo que sí sabemos y es importante decirlo, es que la Corte dijo que esto no va a afectar el funcionamiento ni de las Fiscalías ni de los poderes judiciales, sino que el alcance de lo que se decida, si es que se decide algo en la Consulta, está relacionado solo con las facultades discrecionales del Poder Ejecutivo, esto es, del presidente”, expone.

Razones para enjuiciar a expresidentes

En la conferencia mañanera del 22 de junio, López Obrador enlistó nuevamente las razones por las que, a su juicio, se les deberia juzgar a los exmandatarios:

-A Salinas, “porque entregó todos los bienes de la nación y del pueblo de México a sus allegados. Así de sencillo”.

-A Zedillo, “porque con el Fobaproa convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública y llevamos 30, 40 años pagando esa deuda”.

-A Fox, “porque engañó al pueblo, porque con el esfuerzo de muchos llegó a la Presidencia y se convirtió en un traidor a la democracia. Él ha confesado que cargó los dados en la elección del 2006 para imponer a Felipe Calderón”.

-A Calderón, “porque desató la guerra, declaró la guerra a la delincuencia sin atender las causas; y se llevaron a cabo masacres, había instrucciones de rematar a heridos, y ahí están los datos, los niveles de letalidad en enfrentamientos".

- A Peña Nieto, “por los actos evidentes de corrupción. Ahí está como testigo protegido el que estaba de director de Pemex declarando que, por órdenes superiores, para aprobar las llamadas reformas estructurales, sobre todo la reforma energética, se entregaba dinero a legisladores de los partidos que ahora son de oposición”.

Formalidad de la consulta

El constitucionalista Francisco Burgoa, resalta la importancia de que México este próximo a realizar su primera consulta popular nacional de carácter formal en su historia, aunque la pregunta que antes tenía “nombres y apellidos”, hoy queda totalmente en términos generales y ambiguos”.

“Es precisamente esta generalidad y ambigüedad la que nos va a meter en más problemas, por decirlo así, para determinar quiénes van a ser las autoridades competentes”, que deberán esclarecer “las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos”.

El Artículo 35, fracción octava de la Constitución, destaca que si se alcanzan el 40% de participación de la consulta, el resultado será vinculatorio para los Poderes Ejecutivo y Legislativo Federales y para las “autoridades competentes”.

La Ley Federal de Consulta Popular también coincide en esos señalamientos. Por ello, “la gran pregunta es ¿quiénes van a ser las autoridades competentes?”, indica el profesor de Derecho Constitucional de la UNAM.

El INE hará del conocimiento de la Corte -una vez concluidas las impugnaciones, sí es que las hay-, el resultado de la consulta popular y ésta a su vez, “notificará a las autoridades correspondientes para que, en el ámbito de su competencia, realicen lo conducente para su atención”.

Por ello, dada la generalidad de la pregunta, “se tiene que definir de qué decisiones políticas estamos hablando, además no hay una temporalidad”, cuestiona el académico y agrega:

“Pareciera que es el momento para enjuiciar a Agustín de Iturbide. Lamentablemente a ese absurdo podemos llegar porque no sabemos a qué se refieren con aquello de los actores políticos”.

De acuerdo al Artículo 64. De la Ley Federal de Consulta Popular, en su Capítulo IV relativo a la Vinculatoriedad y Seguimiento, “cuando el resultado de la consulta sea vinculatorio tendrá efectos durante los tres años siguientes, contados a partir de la declaratoria de validez”.