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Tribunal niega amparo a Emilio Zebadúa para descongelar sus cuentas bancarias

El exoficial mayor de Rosario Robles, en la Sedesol y la Sedatu, seguirá bajo investigación por presunción de desvío de dinero en el episodio conocido como la Estafa Maestra.
sáb 26 junio 2021 10:08 PM
Emilio Zebadúa, ex colaborador de Rosario Robles Berlanga.
Las cuentas bancarias de Emilio Zebadúa, quien fuera colaborador cercano de Rosario Robles, continuarán bajo bloqueo por las autoridades.

El Vigésimo Primero Tribunal Colegiado negó un amparo a Emilio Zebadúa González, para desbloquear sus cuentas bancarias, por lo que el dinero de quien se desempeñó como oficial Mayor de Rosario Robles Berlanga, en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol, hoy de Bienestar) seguirá congelado.

Zebadúa González elaboró los convenios que habrían generado los desvíos multimillonarios de recursos públicos a través de esquemas con empresas fantasmas, un episodio de corrupción conocido como Estafa Maestra.

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Desde agosto de 2019, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público congeló las cuentas del político, en el marco de su investigación sobre la Estafa Maestra, y el exfuncionario federal interpuso una demanda de amparo, recurso que le fue negado por un tribunal colegiado.

En noviembre de 2020, Emilio Zebadúa ofreció a la Fiscalía General de la República (FGR) testificar contra Robles y el expresidente Enrique Peña Nieto para aligerar su condena, al mismo tiempo que desplegó una estrategia legal para evitar su detención.

El 2 de noviembre de 2020, el diario Reforma publicó que el exoficial mayor de la Sedesol y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Emilio Zebadúa González, cuando Rosario Robles estuvo a cargo de ambas dependencias, ofreció convertirse en testigo protegido y delatar las operaciones de desvíos de recursos en donde participaron el ex presidente Enrique Peña Nieto y su exjefa.

De acuerdo con fuentes del Gobierno federal consultadas por el diario Reforma, hace unos días el ex funcionario acudió a la Fiscalía General de la República (FGR) para solicitar el criterio de oportunidad.

Zebadúa ofreció revelar que Robles, presa desde agosto de 2019, acusada de participar en una red de corrupción de presuntos desvíos, fue quien le dio indicaciones para operar los contratos de las dos dependencias federales.

También se detalla que Zebadúa cuenta con información que relaciona al expresidente Peña Nieto con esta red de desvíos, conocida como Estafa Maestra, y está dispuesto a exponer en el momento en que le sea requerida por el Ministerio Público Federal.

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De acuerdo con el diario, Emilio Zebadúa González podría dar detalles de que los recursos desviados de la Sedatu y la Sedesol fueron usados para financiar las campañas del Partido Revolucionario Institucional en casi todos los estados.

Emilio Zebadúa ha sido funcionario público desde 1996, cuando fue consejero general del Instituto Federal Electoral (IFE, hoy INE).

En 2000, trabajó en la Secretaría de Gobierno de Chiapas durante la administración de Pablo Abner Salazar Mendiguchía; de 2003 a 2005 fue diputado federal por el Partido de la Revolución Democrática y de 2006 a 2012 presidió la Fundación para la Cultura del Maestro.

Luego Rosario Robles lo nombró Oficial Mayor en la Sedesol, mismo cargo que desempeñó en la Sedatu. Zebadúa percibía un sueldo total bruto de 189 mil 944 pesos mensuales, de acuerdo con el archivo del Portal de Obligaciones de Transparencia.

El caso de la Estafa Maestra cobró relevancia de nuevo esta semana, luego de que el 24 de junio un juez federal concedió a la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, un amparo en contra de la prisión preventiva justificada que se le dictó desde 2019, y ordenó que se revise la posibilidad de dictarle una medida cautelar distinta, según el sitio informativo Animal Político.

El juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo, Augusto Octavio Mejía Ojeda, determinó que los derechos de la exfuncionaria federal fueron violentados al habérsele ratificado en 2020, la prisión preventiva automática sin valorar otras medidas cautelares como el arraigo domiciliario.

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