La impunidad en México, de por sí grave, recrudeció en 2020, el año en que la pandemia obligó al confinamiento, revela la organización WJP en su índice sobre Estado de Derecho en México.(Omar Martínez/Cuartoscuro)
En 2020, año de la pandemia, en México hubo retrocesos importantes en impartición de justicia, desde los servicios suspendidos en fiscalías hasta aquellos delitos que no son denunciados o investigados.
Lo anterior consta en el Índice de Estado de Derecho en México 2020-2021 , presentado este miércoles por el World Justice Proyect, en el que se constata que la cifra negra de delitos (los que no se denuncian o para los cuales no se inició una carpeta de investigación) alcanzó 92.4% a nivel nacional.
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El informe indica que la seguridad sigue siendo uno de los mayores retos del país, como lo reflejan las tasas de homicidio, la percepción de inseguridad y la caída en los puntajes de ausencia de corrupción en la policía y las fuerzas de seguridad.
Impartición de justicia
A la par, este índice destaca que el principal reto en materia de Estado de Derecho durante la emergencia sanitaria es el sistema de justicia penal. El puntaje indicador cayó en 16 estados: Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Veracruz y Zacatecas.
Al evaluar la eficiencia y eficacia de los sistemas de procuración e impartición de justicia y el debido proceso de las personas acusadas de algún delito, se tiene que Yucatán, Coahuila y Campeche son los estados que tienen los puntajes más altos; Yucatán ha ocupado la primera posición por tres años consecutivos.
Mientras que los estados con los puntajes más bajos son Quintana Roo, Puebla y Morelos.
Sin embargo, ninguna de las 32 entidades federativas alcanza al menos la mitad del puntaje que el índice establece para medir el funcionamiento del Estado de Derecho.
En la presentación del índice, el WJP explicó que durante a pandemia la impartición de justicia se vio afectada porque los sistemas (procuradurías y fiscalías) suspendieron sus servicios aun cuando fueron considerados servicios escenciales.
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En específico, agrega el informe, el mayor desafío del sistema de justicia penal es la efectividad en las investigaciones de la Policía y el Ministerio Público.
De esta manera, la posibilidad de obtener justicia en México en caso de ser víctimas de un delito se complicó más en el último año a causa del debilitamiento de las instituciones.
Los límites del poder
Los datos del Índice también muestran un continuo debilitamiento de la libertad de prensa en 16 entidades.
Los estados que tienen los índices más bajos en materia de libertad de prensa y límites al poder gubernamental son Veracruz (0.34), Chiapas y Quintana Roo (0.37), Puebla (0.38), Guerrero (0.39 ), y Michoacán y la Ciudad de México (0.40).
Las entidades con los mejores indicadores son Nuevo León (0.51), Sinaloa (0.49) y Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro (0.48).
El WJP reconoce que la sociedad civil y la prensa se mantienen como los contrapesos más efectivos del poder Ejecutivo estatal, por encima del poder legislativo, el poder judicial, los organismos de fiscalización y control, y las comisiones de derechos humanos.
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El 95% de casos que atiende FGR quedan impunes
Con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la Procuraduría General de la República se transformó en Fiscalía General de la República, sin embrago el cambio de nombre no trajo consigo buenos resultados ya que de acuerdo con México Evalúa, el 95.1% de los delitos del ámbito federal queda impune.
De acuerdo con la segunda edición del Observatorio de la Transición 2020, una investigación sobre las capacidades y desempeño de las fiscalías a través del Modelo de Evaluación de la Transformación (Índice MET), la FGR reporta una respuesta efectiva a solo 4.9%, lo que representa un retroceso.
En vez de avanzar en dos años de transición, ha caminado para atrás, al pasar de un nivel global de 18.9% en 2019 a 11.9% en 2020.
Instalaciones de la Fiscalía General de la República(Foto: Especial )
Asimismo, la colaboración con otras fiscalías es cada vez menor, y una muestra de ello es que rechazó investigar el caso de los 19 cuerpos de migrantes guatemaltecos que fueron calcinados en Camargo, o el intento de homicidio del secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.
“La Fiscalía y su titular han interpretado la autonomía de su institución como una carta abierta para operar sin transparencia, de manera aislada y para darle la espalda a otras instituciones, a la ciudadanía y sobre todo a las víctimas”, comentó Edna Jaime, directora de México Evalúa, durante la presentación del estudio.
Entre las fallas que encontró México Evalúa asegura que la FGR no ha incorporado un comité de participación ciudadana, aunque estaba previsto en la ley orgánica de 2018; tampoco cuenta con autonomía presupuestaria y de gestión, ni con un plan de persecución penal construido de la mano de la ciudadanía, el cual permitiría saber qué delitos priorizará la Fiscalía para su investigación, por qué y cómo lo hará.
