Ernesto Antonio Pérez, especialista en seguridad de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, coincidió en que estas modificaciones podrían resultar contraproducentes para el gobierno de México porque los agentes no comparten su información con México.
“Quién dirá, ‘señor fiscal de la República, vengo a avisarle que acabamos de intervenir el teléfono de alguien’. Son aspectos que suenan ilusorios”, refirió.
Dijo que el presidente de México no ha querido reconocer al gobierno de Joe Biden y ya le está modificando aspectos de cooperación bilateral, lo cual podría generar un impacto negativo en la relación.
“Todavía no hay nuevo presidente, ni nuevo fiscal y ya estamos como declarando la guerra, de aquí en adelante la relación va a ser así… Lo van a ver como un altercado”, consideró el experto.
Planteó que estas modificaciones a la Ley de Seguridad Nacional tienen como destinatario a Estados Unidos: “Qué sabrán los Estados Unidos de personajes de la política mexicana, de secretarios, subsecretarios activos que hacemos esta ley”, destacó.
Ponen límite a funcionarios a locales
Las modificaciones realizadas por el Senado de la República proponen en el artículo 70 que, si servidores públicos de los estados o municipios sostienen alguna reunión, intercambian información, sostienen llamadas telefónicas o comunicaciones con agentes extranjeros, deberán entregar un informe por escrito a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la de seguridad Pública.
Gobernadores de oposición se manifestaron en contra de la iniciativa del presidente López Obrador al considerar que criminaliza a los funcionarios locales que sostengan alguna reunión o relación con agentes extranjeros.