Las organizaciones subrayan que las acusaciones hechas por las autoridades en estos casos deben incluir dos tipos de cohecho internacional: los actos de corrupción de empresas extranjeras ocurridos en México o que involucran a funcionarios mexicanos, y los actos que involucran a empresas mexicanas en el extranjero.
El informe señala los casos de dos empresas mexicanas sobre las que se abrieron investigaciones en otros países.
Una de ellas es Cemex, investigada en 2016 por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por posibles irregularidades en la construcción de una planta de cemento en Colombia. La otra compañía es Grupo México, a la que autoridades de España abrieron una investigación en 2015 por el posible pago de sobornos.
"Es necesario que los casos identificados sean investigados y sancionados, que los recursos ilegales sean confiscados y que el daño a las víctimas sea reparado de manera apropiada", urgen.
Respecto de la Fiscalía Anticorrupción, en 2019 inició 773 investigaciones, pero solo cinco fueron presentadas a un juez y ninguna está relacionada con sobornos foráneos.
Este panorama contrasta con lo informado por otras autoridades investigadoras en el mundo, como en EU, que entre 2016 y 2019 reportó cuatro investigaciones y procesos judiciales por soborno a funcionarios mexicanos o radicados en México, o a empresas mexicanas que sobornaron en el extranjero.
Además, derivado de estas investigaciones, el Departamento de Justicia y la Comisión de Bolsa y Valores de EU recuperaron más de 1,000 millones de dólares por sanciones impuestas a empresas que operaron indebidamente en México y otros países.
