La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revisará la legalidad de la votación secreta con la que el Congreso de Yucatán rechazó, en 2019, el matrimonio entre personas del mismo sexo.
El alto tribunal informó este jueves, en un comunicado, que decidió atraer un amparo que permitirá determinar si esa votación secreta vulnera los derechos de libertad de expresión, acceso a la información y de participación política de la población LGBTTTI en Yucatán.
En 2019, el Congreso de Yucatán rechazó en dos ocasiones, con votaciones secretas, el dictamen que buscaba dar legalidad al matrimonio entre personas del mismo sexo.
Te contamos cómo se dieron estas votaciones y por qué la Suprema Corte decidió atraer el caso.
A más de un año de que el Congreso de Yucatán le dijo "no" al matrimonio igualitario, a la Suprema Corte llegó una demanda de amparo promovida por la comunidad LGBTTTI, en la que se pide revisar la votación por medio de cédulas (en secreto) por la que se rechazó esta reforma.
"La comunidad LGBT+ sostiene, entre otras cosas, que esa forma de proceder obstaculiza su derecho a la participación en asuntos públicos pues se impide a sus miembros tomar decisiones públicas informadas para elegir a sus representantes en las subsecuentes elecciones mediante voto popular", señaló la Corte en su comunicado.
Por ello, a partir del análisis de este caso, la ministra Margarita Ríos Farjat realizó un proyecto para que la Corte atrajera el caso.
Será la Primera Sala la que defina si la "autodeterminación" es un medio idóneo para acreditar la pertenencia al matrimonio a un grupo históricamente discriminado, como lo es la comunidad LGBT+.
La 1ª Sala atrae un amparo que permitirá determinar si la votación por cédula (secreta) de una reforma constitucional que involucra #DDHH vulnera los derechos de libertad de expresión, acceso a la información y de participación política de la población LGBT+ en Yucatán. pic.twitter.com/DWzAuLqec3
— Suprema Corte (@SCJN) October 8, 2020
También se buscará establecer el alcance de la acreditación del interés legítimo de la comunidad para controvertir la votación por cédula de una iniciativa que involucra derechos humanos y las categorías de identidad de género y preferencia sexual.
De superarse el análisis sobre la legitimación, señala la Corte, la Primera Sala podría pronunciarse sobre el mérito del reclamo, que es conocer cómo votaron los legisladores reformas constitucionales que impactan directamente sobre los intereses de este sector de la población.
El fallo de la SCJN se sumaría al emitido en 2015, cuando declaró inconstitucionales los códigos civiles estatales que impiden los matrimonios igualitarios, lo que dio paso para que, hasta ahora, 19 de los 32 estados modificaran sus leyes para permitirlos sin necesidad de amparos.
En abril y julio de 2019, los diputados de Yucatán votaron un dictamen que buscaba dar legalidad al matrimonio entre personas del mismo sexo, pero en ambas ocasiones lo hicieron sin dar a conocer públicamente el sentido de su voto.
La Mesa Directiva del Congreso local acordó que las votaciones sobre el dictamen se hicieran por cédula, es decir, de forma anónima, con el argumento de "velar por la seguridad y el voto libre, sin presión, de los legisladores".
Para la comunidad LGBT+, esto fue un mecanismo para evitar el costo político de rechazar la reforma.
Las sesiones se llevaron a cabo el 10 de abril y el 15 de julio —luego de que el dictamen fuera devuelto a comisiones para su revisión—, y en ambas se emitieron 15 votos en contra y solo nueve a favor.
Yucatán es actualmente una de las 14 entidades en las que las parejas LGBT+se ven obligadas a recurrir a un amparo para poder unirse legalmente en matrimonio.
Las sesiones en las que la legislatura local rechazó el dictamen coincidieron con un discurso que emitió el primer ministro de Luxemburgo, Xavier Bettel, en su visita al Congreso mexicano, en abril de 2019.
"La homosexualidad no es una elección, (pero) la homofobia sí (...) Como legisladores, están para ver la realidad, y que vean que las sociedades son más avanzadas de lo que creen", dijo el líder europeo a los legisladores mexicanos.
Hasta este momento, el partido mayoritario en el Congreso de Yucatán es el PRI (con 10 diputados); seguido del PAN (con seis); y de Morena (con cuatro).
Si bien no se hizo público el sentido del voto de los diputados locales, teniendo en cuenta lo anterior, y que para aprobar la reforma se requerían dos terceras partes de la votación en el pleno (17 votos), sí puede haber un costo político para dichos partidos por rechazar el dictamen.
Aunque la Suprema Corte recién atrajo el caso, y por tanto no ha fijado una fecha para su discusión, su decisión de realizar un análisis en torno a la votación secreta se da de cara a las elecciones de 2021, en las que se renovará el Congreso de Yucatán y 106 ayuntamientos.
