El matrimonio igualitario cumple 10 años en México, entre avances y resistencias

Era 21 de diciembre y, cinco días antes, las comisiones unidas de Administración y Procuración de Justicia, de Derechos Humanos y de Equidad y Género habían aprobado las reformas al Código Civil y al Código de Procedimientos Civiles capitalinos para legalizar los matrimonios igualitarios y dejar atrás las sociedades de convivencia, una figura con la que desde 2006 se buscaba dotar de derechos a las parejas del mismo sexo, ante la negativa a que esas uniones fueran consideradas como matrimonios.

Los panistas que se opusieron tres años atrás a las sociedades de conveniencia entonces se convirtieron en sus defensores.

"Sí, Acción Nacional no aprobó la Ley de Sociedades en Convivencia porque no compartía la finalidad de la misma y porque también ahora mismo tampoco comparte que sea una necesidad de la sociedad, pero, sin embargo, reconocemos que es una norma que es derecho positivo, reconocemos que es una norma que otorga derechos y, porque otorga derechos que ya tienen, la usamos como argumentación", sintetizaba el entonces legislador albiazul Carlo Fabián Pizano Salinas.

Al final de ese lunes, con 39 votos a favor (PRD y PT), 20 en contra (PAN y PVEM) y cinco abstenciones (PRI), quedarían convertidas en ley las reformas que convertían a la capital en la pionera del país en el reconocimiento del matrimonio igualitario.

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En una década desde ese día histórico se sumarían al cambio 10 entidades, que mediante reformas similares abrieron la puerta a los matrimonios no tradicionales: Coahuila (2014), Campeche (2016), Nayarit (2015), Colima (2016), Michoacán (2016), Morelos (2016), San Luis Potosí (2019), Hidalgo (2019), Baja California Sur (2019) y Oaxaca (2019) han modificado su normativa para que las parejas puedan realizar el trámite de manera sencilla ante el Registro Civil, como ocurre con el grueso de la población que desea casarse.

Por el contrario, las parejas de la población LGBTTTI que quieren casarse en 14 estados no lo pueden hacer más que por la vía de un amparo. Así ocurre en Baja California, Durango, Guerrero, Guanajuato, Edomex, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Querétaro y Zacatecas.

Estos estados tienen candados para las uniones igualitarias. Esos obstáculos consisten en definir en códigos civiles, familiares o en sus constituciones al matrimonio y/o al concubinato como la unión exclusiva entre "un hombre y una mujer" y, en algunos casos, se agrega que dicha unión tiene como fin "procrear".

Hay otras entidades en las que las personas de la población LGBTTTI pueden contraer matrimonio sin necesidad de un amparo, pues algunas ya fueron obligadas por la SCJN —mediante acciones de inconstitucionalidad promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos— a realizar el trámite aunque sus leyes locales tengan candados. Es el caso de Aguascalientes, Chiapas, Jalisco, Nuevo León y Puebla.

También existen estados que por algún tipo de acuerdo permiten los matrimonios igualitarios sin recurrir a un amparo, como Chihuahua, donde el gobierno de la administración pasada ordenó que se avalaran estos vínculos, y Quintana Roo, donde el Código Civil no tiene un concepto del matrimonio y solo consigna que es necesaria la intención de dos personas o contrayentes.

Tiago Ventura, integrante del Comité de Diversidad en Sinaloa, señala que la importancia de que la Ciudad de México legislara en materia de matrimonio igualitario fue que abrió las puertas para que también se tocaran otros temas, como la reasignación sexogenérica en las actas de nacimiento de las personas trans, la adopción de menores y los servicios de salud para las parejas del mismo sexo, entre otros.

"Los LGBTTTI locales lo que dicen es '¿Por qué nosotros no, por qué si la Constitución es para todos, por qué mi Código Civil está vulnerando mis derechos, por qué los transexuales de mi estado no tienen los derechos que sí tienen en la capital del país?'", señala el activista, cuya organización impulsó la reforma de matrimonio entre personas del mismo sexo que fue rechaza por los diputados de Sinaloa en junio, votación contra la que el pasado 18 de diciembre varias organizaciones recibieron un amparo por parte del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, que ordena hacer los cambios al Código Familiar local.

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Álex Alí Méndez, integrante de México Igualitario, señala que parte de la trascendencia de lo hecho en la Ciudad de México es que también sirvió para que la Corte sentara precedentes, pues en 2010 declaró constitucionales las reformas hechas por la ALDF y ordenó que el acto civil debía ser reconocido en otros estados, y en 2015 declaró inconstitucional cualquier ley que restrinja el matrimonio a la unión de un hombre y una mujer y que establezca que su fin es la procreación.

"Siempre se hablaba de que los derechos LGBTTTI tenían que estar sujetos a los acuerdos políticos entre el Congreso, los gobernadores y partidos políticos, pero en estos 10 años la sociedad civil nos hemos envuelto en este escenario en el que, a través de los diversos mecanismos que tenemos desde el punto de vista legal, hemos avanzado bastante, que sin el apoyo de la SCJN y el impulso de la sociedad civil, difícilmente estaríamos viendo ese saldo positivo al día de hoy", destaca.

Alí Méndez sostiene que otro triunfo de la población LGBTTTI en esta década fue visibilizar a la SCJN como "un actor defensor" de los derechos humanos.

"Lo que descubrimos es que todo el sistema jurídico está construido a través de una visión heteronormativa, todo aquello que no fuera heterosexual y cisgénero no cabía, lo que estamos haciendo ahora es justo cuestionar todas esas reglas que están en los códigos y las leyes que excluyen a las personas con orientación sexual e identidad de género diversa", sostiene el activista de México Igualitario, organización que apoya legalmente a las parejas del mismo sexo que buscan unirse en matrimonio en estados que no lo permiten.

Pese al terreno ganado en el tema del matrimonio igualitario, ambos activistas sostienen que aún hay pendientes en un país en el que durante el último sexenio (2012 a 2018) al menos 473 personas LGBTTTI fueron asesinadas por motivos relacionados con la orientación sexual o la identidad y expresión de género percibida de las víctimas (Letra S, 2019), y donde el 64.4% de los mayores de edad aprueba poco o nada que dos personas del mismo sexo vivan juntas como pareja (ENADIS, 2017).

"Esta es una lucha que nunca va a acabar, es una lucha social que finalmente se gana de una u otra manera, es un cambio generacional que estamos viviendo, nadie debe perder la esperanza de que esto se va a lograr, tenemos que ser constantes y no quitar el dedo del renglón, porque tarde o temprano los derechos se respetan", señala Ventura.

"Las resistencias de fuera, partidos políticos y grupos religiosos, están ahí y van a seguir estando, el asunto es que ya lo que pueden hacer es mucho menos para detener este avance del matrimonio igualitario en México", concluye a su vez Alí Méndez.