El proceso contra Emilio Lozoya exhibe una aplicación selectiva de la justicia

Martes y miércoles se realizaron las audiencias en contra de Lozoya Austin, quien se encuentra hospitalizado en el Hospital Ángeles del Pedregal por problemas de salud reportados por las autoridades.

La primera acusación por la que respondió fue por la presunta recepción de sobornos por un monto de 3,000 millones de pesos de la empresa Altos Hornos de México y por la compra de una planta chatarra por la que Pemex habría perdido casi 8,000 millones de pesos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

La segunda audiencia estuvo concentrada en los cargos relacionados al caso Odebrecht. Al respecto, la FGR sostiene que el exfuncionario recibió 10.5 mdd de dólares en sobornos, que se tradujeron en beneficios para la empresa brasileña por 39 mdd, algo que él rechazó.

Para el expresidente de la Barra Mexicana de Abogados, José Mario de la Garza y para la cofundadora de la organización Tojil, Estefania Medina, si bien los delitos por los que se le acusa al exdirector de Pemex no ameritan prisión preventiva oficiosa, es de resaltar que la Fiscalía General de la República ni si quiera lo solicitó.

“Lozoya es alguien que ya se dio a la fuga, estuvo prófugo, a quien se tuvo que extraditar. Por supuesto que se tenía que mantener en prisión preventiva. Llama mucho la atención la aplicación de la justicia selectiva”, cuestiona de la Garza Marroquín.

Los expertos también resaltan que aunque la FGR es una institución autónoma del Poder Ejecutivo, ha sido el presidente Andrés Manuel López Obrador quien informó que el funcionario de Enrique Peña Nieto aceptó enfrentar los cargos en su contra en México y ha aceptado "colaborar con la justicia".

Para la investigadora Fabiola Navarro, mediáticamente llamó la atención el hecho de que Lozoya no quedara recluido en una risión, pero lo realmente relevante de la audiencia del martes, considera, fue que el señalamiento presentado por la FGR fue por operaciones con recursos de procedencia ilícita, algo que considera como una "débil acusación" por parte de la FGR.

"Es una acusación débil, distinta, por ejemplo, si se le hubiera acusado por el millonario daño a Pemex o por haber operado la compra fraudulenta de Agronitrogenados", detalló.

Argumenta que cuando la FGR le expuso que hubo transferencias de dinero por la compra de la planta de Agronitrogenados, la FGR sólo lo hizo para vincular la relación financiera con Alonso Ancira.

"Solo lo acusaron de lavado de dinero". puntualiza.

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El abogado penalista Gabriel Regino arumenta que con los acuerdos que ha suscrito Lozoya Austin con la Fiscalía General de la República era de esperarse que no se solicitara la medida de prisión preventiva en su contra.

Explica que la estrategia es un ganar-ganar: “¿Qué me das y qué te doy?”. En la que el imputado, apunta, ofrece información a cambio de mantenerse en libertad sin cargos.

“Es evidente que desde que estaba en España hubo acercamientos con la Fiscalía, es por eso que la Fiscalía no pide llevarle a prisión porque seguramente fue una de las peticiones que mediaron en la negociación a cambio de darle información”, argumenta.

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Lozoya solo la punta del iceberg

Apegado al criterio de oportunidad, se espera que Lozoya revele nombres de exfuncionarios públicos y políticos que estuvieron involucrados en los presuntos actos de corrupción que se investigan.

El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó durante su conferencia de prensa que las consideraciones que se están teniendo con Lozoya se deben a que revelará el modus operandi de la red de corrupción.

Al respecto, Gabriel Regino comenta que si Lozoya llega a quedar sin castigo, eso solo se justificará si en los próximos meses comienzan a caer altos exfuncionarios.

“Emilio Lozoya solo son las ramas del árbol, pero tenemos que ver es el bosque. Lo que tiene que venir en los próximos meses serán nuevas confesiones y aprehensiones aparatosas de personajes que nunca nos imaginamos verlos tras las rejas”, destaca.

En tanto De la Garza considera que, si la FGR decide otorgarle la figura de testigo colaborador de manera formal, es necesario que se informe directamente.

“Tendrían que decir: Lozoya nos va a llevar por estos 10, nos va a dar pruebas que se podrán presentar ante un tribunal, entonces ya tendríamos una ruta clara, pero aquí parecen palos de ciego”, plantea.

Con información de Mariel Ibarra y Octavio Ortega.