FGR acusa a Lozoya de recibir sobornos por 3 mdd y de daño a Pemex por 8,000 mdp

La exposición de la fiscalía

De acuerdo con la fiscalía, Lozoya recibió 3 millones de dólares de AHMSA, los cuales fueron triangulados a través de Tochos Holding Limited, firma vinculada a Gilda Susana, hermana de Lozoya, y cuyo beneficiario es el propio exdirector de Pemex. Con ese dinero —señaló la acusación—, Lozoya compró una casa en Las Lomas, en la Ciudad de México.

Las transferencias en cuestión, según la FGR, correspondieron al acuerdo que Lozoya hizo con el dueño de Altos Hornos, Alonso Ancira, para impulsar la compra de la planta inactiva a un precio superior al real.

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La FGR señaló que Ancira, a través de Altos Hornos, transfirió los 3 millones de dólares de una sucursal de un banco en Coahuila a una cuenta en Ginebra, Suiza. A su vez, entre junio y el 28 de noviembre de 2012, Lozoya movió esos recursos a una cuenta de la que es beneficiaria su hermana, sin que se identificara el origen de la transferencia.

De acuerdo con la FGR, esos 34 millones 234,000 pesos transferidos sirvieron para la compra de un bien inmueble: la casa ubicada en Ladera 20, interior 11, en la colonia La Retana en Lomas de Bezares, en la hoy alcaldía Miguel Hidalgo. La residencia era propiedad de María del Carmen Ampudia Cárdenas y Lozoya la adquirió, aunque no la pagó supuestamente para ocultar el origen del dinero.

Lozoya y la compra de la planta

La FGR señaló que Lozoya, como director de Pemex, tenía entre sus funciones el portafolio de inversiones de la empresa y sus subsidarias. Desde esa posición, alentó una actividad ilícita, ya que, sin verificar, en una sesión extraordinaria del Consejo de Administración de Pemex en julio de 2013, fue autorizada la compra de la planta, ubicada en Pajaritos, Coatzacoalcos, Veracruz.

En la audiencia de este martes, la fiscalía expuso que, al estar al frente del consejo, Lozoya intervino con una participación en la que señaló que la planta era relevante no solo por la producción de fertilizantes, sino porque sería de gran importancia para Pemex y un buen negocio.

Así, el 20 de diciembre de 2013 se hizo la compraventa de los activos de la planta: como comprador participó Agroindustrias, filial de Pemex, y como vendedores actuaron Agronitroenados, Agroinmuebles y Agromex, entre otros como obligados solidarios, con Ancira como accionista mayoritario de AHMSA.

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La FGR presentó como datos de prueba que la representante legal de Pemex, Martha Edith Márquez, informó el 5 de marzo de 2019 que para la adquisición de la planta se requerían 400 millones de dólares, pero el 1 de diciembre de 2013 se modificó el avalúo y el monto pasó a 475 millones. Por ello, se pidió al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) hacer una revisión.

La fiscalía detalló que Lozoya, como director de Pemex, dijo que era primordial para el gobierno la producción de fertilizante, por lo que era importante adquirir la planta y se requerían 200 millones de dólares para su reactivación. Esto, a pesar de que el Indaabin, luego de visitar Agronitrogenados, advirtió que la planta llevaba 14 años inactiva y representaría más una inversión que un beneficio.

Sin embargo, PMI Holding, filial de Pemex, autorizó un incremento de 285 millones de dólares para la rehabilitación, por lo que la compra subió a 485 millones.

Con esto, la FGR estimó un daño a Pemex de aproximadamente 8,000 millones de pesos, de los cuales alrededor de 3,878 millones están relacionados con los costos de las deudas y la operación del complejo ubicado en Pajaritos.

La materialización del delito

Lozoya fue coordinador de Vinculación Internacional en la campaña de Peña Nieto, en 2012. En ese entonces, según la FGR, se hicieron los primeros depósitos a cuentas ligadas a él.

La fiscalía señaló que Tochos Holdings Limited era una empresa en la que Lozoya estaba como beneficiario, y que en Suiza recibió recursos del banco privado Latin America Asia Bank. Eso llamó la atención de las autoridades debido a que, en ese momento, la beneficiaria era Gilda Lozoya, quien no era apta para ser representante legal porque era estudiante y por los recursos que se manejaban de esa empresa.

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A través de Tochos Holding Limited, en 2012 se transfirieron 1.5 millones de dólares y después 1.8 millones para la adquisición de la casa. Este hecho también llamó la atención, debido a que no tenía sentido que la empresa adquiriera un bien sin afán de inversión y que no le representaba una ganancia, porque el titular del bien era una persona que no tenía nada que ver con ella.

Según la FGR, resulta notorio que los recursos adquiridos no provienen de relaciones comerciales, sino de "actos de corrupción", con base en un esquema de triangulación de recursos a nivel nacional e internacional.

En la primera de dos audiencias sobre los casos que se le imputan —la segunda es este miércoles, en relación con el caso Odebrecht—, la defensa de Lozoya aseguró que está trabajando con la FGR en el recurso del criterio de oportunidad, por lo que en su momento denunciará otros hechos cometidos y señalará a las personas responsables y los cargos que ocupaban.

Especialistas consultados por Expansión Política la semana pasada explicaron que, bajo el criterio de oportunidad, figura establecida en el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), el imputado se compromete a declarar en un juicio frente a las personas a quienes está acusando de un delito más grave que el suyo.

La figura, sustentada en el artículo 256, fracción V, del CNPP, señala que la fiscalía se puede abstener de ejercer acción penal contra Lozoya, y que, en tal caso, esta se suspendería hasta que rinda su testimonio. Posteriormente, el Ministerio Público resolvería la procedencia de la extinción del caso, con lo que Lozoya quedaría libre de cargos.