El eterno pendiente
Pero el tema del tráfico de armas de alto poder no es nuevo, por lo menos se remonta a 2004, cuando el entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush eliminó la prohibición para vender fusiles de asalto y armas semiautomáticas.
“El incremento de armas de Estados Unidos hacia México y la presencia de armas de cada vez más alto poder en manos del crimen organizado empieza a partir a partir de que Bush decide no renovar la prohibición de venta de armas de asalto que se había mantenido durante la gestión de Clinton”, comentó José Andrés Sumano.
De esto tomaron nota los grupos del crimen organizado, y cuando en México se declaró la guerra a los cárteles, se incrementó la demanda de armamento, cada vez de más alto poder.
Fue justo en 2006 cuando en el entonces gobierno de Felipe Calderón, puso en marcha el operativo “Rápido y Furioso”, en el que se introdujeron más de 2,000 armas de Estados Unidos hacia México con chip para rastrearlas y poder identificar a los responsables del tráfico de armas que presumiblemente llegarían a manos de narcotraficantes.
El hoy expresidente Felipe Calderón ha negado que su gobierno haya dado autorización para el ingreso de esas armas. Por ello, el presidente López envió una nota diplomática al gobierno de Estados Unidos para solicitar información del operativo “Rápido y Furioso”.
“Estamos ante un caso delicadísimo porque se está reconociendo de que hubo una intromisión ilegal, violatoria de nuestra soberanía por un gobierno extranjero, en el caso de que no existiera o existiese cooperación. Entonces, si ya sabemos esto de parte del expresidente (Felipe Calderón), pues vamos a mandar una nota diplomática al gobierno de Estados Unidos. Queremos informe sobre este caso, que informe el Departamento de Justicia”, dijo el mandatario federal en mayo pasado.
López Obrador ha defendido que en su administración no se han hecho tratos en lo oscurito para permitir el ingreso de armas, sin embargo, en su primera reunión frente a frente con Donald Trump, dejará pasar la oportunidad para abordar ese trasiego que empodera cada vez más a la delincuencia organizada y que ha generado que en su primeros meses de gobierno sumen ya más de 31,000 los muertos por arma de fuego, más la mitad de los homicidios dolosos en lo que va de su administración.