¿A qué van los representantes de AMLO a los estados?

Durante su conferencia matutina del 8 de mayo, el presidente López Obrador informó que como representantes del gobierno enviaría a la subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Diana Álvarez Maury, a Puebla-Tlaxcala; a la senadora Susana Harp a Oaxaca; a la directora del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, Rocío García Pérez, a Veracruz; a la integrante del Consejo Técnico de Educación de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, Rocío Bárcena Molina, a Guerrero y a la directora general del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), Elsa Julita Veites Arévalo, a Morelos.

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Actualmente esos seis estados se concentran 12% de los 51,633 contagios de coronavirus que se tienen registrados en el país. Tan solo en 11 días el número de casos positivos prácticamente se duplicó pues pasó de 3,534 a 6,666.

El politólogo y catedrático de la UNAM, Edgar Ortiz Arellano, consideró que el presidente está actuando al viejo estilo del priismo, cuando el titular del Ejecutivo enviaba emisarios y operadores para coordinar campañas políticas.

“El presidente va eliminando la capacidad operativa del Estado nombrando representantes personales como era la tradición antigua de la política mexicana, con entes extraordinarios, nombrados por él bajo argumentos no claros para que sean sus emisarios y operadores como si estuviéramos en campañas políticas”, consideró.

El experto refirió que esta decisión del presidente atenta contra el Pacto Federal y contra la soberanía de los estados porque se les está enviando a una especie de superdelegados para coordinarse con los gobernadores. Consideró que hasta ahora los mandatarios estales no han protestado por ese nuevo enviado federal porque no quieren confrontarse con el presidente debido a que dependen de recursos que les envía la federación.

“No hay ningún sustento que le de base jurídica para crear estos delegados o superdelegados, no hay ningún argumento, solo estamos viendo el voluntarismo del presidente. ¿Cuál es la ley? Pues la voluntad del presidente, ¿cuál es la norma que guía el actuar de la administración pública? Lo que desee el presidente. Esto es muy grave para el desarrollo institucional de la administración pública”, señaló.

Desde su perspectiva ninguna emergencia amerita que el gobierno envíe a representantes a los estados a menos que declare Estado de excepción en esas entidades.

Por su parte, la politóloga, Ivonne Acuña, planteó que, al haber reclamos de los gobernadores por la inconsistencia en las cifras de contagios y decesos por COVID-19 que se reportan a la Secretaría de Salud, el presidente optó por enviar a sus representantes para intentar establecer puentes de coordinación.

“Pudiera ser que las representantes del gobierno van a recoger más de cerca los datos de los estados donde están subiendo los contagios para que haya una respuesta más rápida del gobierno”, comentó.

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La también académica de la Universidad Iberoamericana refirió que antes de decidir enviar a cinco representantes de su gobierno, el presidente López Obrador debió encabezar una reunión con los gobernadores para coordinarse en la estrategia para enfrentar la pandemia, siempre respetando su autonomía como entidades federativas, y no dejar estos diálogos en la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

En su opinión, el presidente no quiere ninguna confrontación con los gobernadores, por ello consideró que el perfil de las enviadas del gobierno federal es más conciliador.

Mencionó que el hecho de que el mandatario federal no haya sido claro en el objetivo, duración y funciones que tendrán estas enviadas, da espacio a la especulación, lo cual en una pandemia no debería suceder.