Para ello, se identificarán los casos que requieran atención médica especializada, a fin de gestionar las salidas temporales por razones de salud, realizar los traslados a los hospitales y garantizar la custodia, vigilancia y seguridad del proceso.
“La salud no se pierde por estar privado de la libertad. Es responsabilidad de nuestras instituciones garantizar su cuidado y preservación”, declaró José Alejandro Ávalos, titular de la Unidad de Atención a la Salud de IMSS Bienestar.
Al interior de los hospitales se establecerán “espacios seguros” para esta atención. El acuerdo tendrá vigencia hasta el 30 de septiembre de 2030.
“Una persona que cuenta con atención médica adecuada, seguimiento de sus padecimientos y respuesta oportuna a sus necesidades de salud, tiene mayores posibilidades de reconstruir su proyecto de vida”, afirmó Jacobo Rodríguez, titular de Prevención y Reinserción Social.
El convenio resulta urgente por la crisis de atención médica en las prisiones. Según la última Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL), publicada por el Inegi en 2021, solo 69% de los hombres en prisión y 68% de las mujeres reciben el tratamiento que necesitan para las enfermedades que les diagnosticaron.
Además, solo el 42% de la población en prisión accede a revisiones médicas periódicas para conocer su estado de salud. En el caso de las mujeres, hasta 71% ha tenido que pagar por medicamentos y servicios de salud en el centro penitenciario.
La falta de acceso a servicios de salud tiene consecuencias graves. En el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 16, de Morelos, 16 mujeres murieron por supuestos suicidios.
