Además de las acciones sanitarias, el juez también instruye al gobierno federal garantizar el apoyo psicoemocional profesional para las personas internadas, y que aquellas que cuenten con redes de apoyo familiar o social no sean ingresadas a hospitales psiquiátricos, atendiendo a que esto podría suponer un riesgo para su salud.
También se le obliga a garantizar el contacto de las personas internadas con el exterior a través de llamadas telefónicas, videollamadas u otras tecnologías.
Con la resolución judicial, estas medidas deberán aplicarse en los 39 hospitales psiquiátricos del Sistema Nacional de Salud que brindan atención intrahospitalaria, y los cuales se ubican en:
- Aguascalientes.
- Baja California y Baja California Sur.
- Campeche.
- Ciudad y Estado de México.
- Chiapas.
- Chihuahua.
- Coahuila.
- Colima.
- Durango.
- Guanajuato.
- Hidalgo.
- Jalisco.
- Michoacán.
- Nuevo León.
- Oaxaca.
- Puebla.
- San Luis Potosí.
- Sinaloa.
- Sonora.
- Tabasco.
- Tamaulipas.
- Veracruz.
- Yucatán.
- Zacatecas.
La asociación Documenta señaló que, de acuerdo con datos del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), en el año 2018, la población en internamiento en hospitales psiquiátricos era de 2,682 personas.
Además, puntualizó que reportes periodísticos han dado a conocer que cuatro personas internadas en el hospital psiquiátrico de Yucatán han dado positivo a COVID-19.
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