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Los estados gastaron 72% más de lo presupuestado en publicidad oficial en 2018

Las entidades que más elevaron su presupuesto son Puebla (45,185%), Sinaloa (2,099%) y Veracruz (1,036%) más. En conjunto, gastaron 8,038 mdp cuando sólo presupuestaron 4,665 millones.
mié 18 diciembre 2019 11:16 AM
Propuestas e iniciativas
La creación de un organismo externo y el tope al gasto, son algunas ideas de los legisladores para regular la publicidad oficial.

En 2018, de acuerdo con las últimas cuentas públicas de los estados disponibles, las entidades ejercieron 8,038 millones pesos en publicidad oficial. Esto significó un incremento de 72% respecto a lo que habían presupuestado (4,665 millones de pesos), reveló un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Esta práctica ha sido continua en los últimos años, debido principalmente a la mala planeación del gasto en comunicación social que incluso permite un uso proselitista y discrecional del dinero público, señaló la organización.

“La mala planeación del gasto en comunicación social permite un uso proselitista y discrecional del dinero público. La difusión de información favorable o conveniente para un funcionario público, o político, no puede ser una prioridad en el gasto público”, planteó el Imco.

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De acuerdo con Manuel Guadarrama, coordinador de finanzas públicas del Imco, la comunicación social siempre tiene que ser de forma justificada, identificada y identificable, pero muchas veces no se puede diferenciar el tipo de gasto.

“Es muy difícil contemplar todos los supuestos donde se puede hacer uso de la comunicación social; sin embargo se tendría que limitar a temas de protección civil, educación y salud, fuera de los temas prioritarios realmente tendríamos que tener casi nada de comunicación social”, señaló.

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¿Cuáles son los estados que gastaron más?

De acuerdo con el Índice de Información del Ejercicio del Gasto (IIEG 2019), los
estados con mayor variación entre lo presupuestado y lo gastado son Puebla (45,185%), Sinaloa (2,099%) y Veracruz (1,036%).

Estos gastos abarcan el periodo de 2018, es decir el gobierno de José Antonio Gali (PAN), Quirino Ordaz, quien llegó al poder en 2017 de la mano del PRI, PVEM y Panal, y de Miguel Ángel Yunes (PAN).

“Esta variación implica que hay una mala planeación porque desde un principio no previeron cuál iba a ser el gasto efectivo de las entidades en materia de comunicación social y justamente es un problema porque no se está cumpliendo el Presupuesto de Egresos que fue aprobado por diputados”, aseguró Guadarrama.

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Por otro lado, Guadarrama explicó que Querétaro y Tlaxcala no presentaron variaciones entre lo presupuestado y utilizado, es decir que gastaron lo que originalmente habían presupuestado, mientras hay estados que habían presupuestado de más y terminan gastando menos como Tabasco, Yucatán o Chihuahua.

Las entidades ya encontraron la arquitectura para manejar los recursos discrecionalmente.
Manuel Guadarrama, coordinador de finanzas públicas del Imco.

No obstante, el experto del Imco señaló que reportar bien, no necesariamente implica gastar bien. Puso el caso de Coahuila, el segundo estado con más gasto en este rubro luego de la Ciudad de México, en el que existe una plataforma en la que se puede seguir el proceso de contratación de la publicidad oficial, pese a ello puede no estar exento de malas prácticas.

“En Coahuila, su gasto en comunicación social fue 10 veces mayor al de protección social, coincidió 2018 con año electoral, hay riesgo a pesar que se tenga la plataforma y se tenga de inicio a fin la contratación”, comentó.

La complicidad para gastar más

En sí, gastar en comunicación social no es negativo, pues este rubro tiene el objetivo de ayudarle al Gobierno a comunicar mensajes importantes para la población, como son campañas de vacunación o asistencia ante desastres naturales.

Pero no deberían ser usados para la promoción personal del funcionario en turno. No obstante, en algunos casos sucede así, incluso la evidencia apunta que, en los estados, los presupuestos son ejercidos como una simulación y a discreción de las secretarías de finanzas, debido a que pese a que los congresos son quienes deben revisar y analizar el gasto que aprueban y revisan cada tres meses en los reportes.

“Si no es equivalente a las necesidades de los ciudadanos, ese uso de los recursos es ostentoso y contrario a la austeridad”, advirtió en Imco.

Esta política de austeridad todavía no permea a nivel subnacional.
Manuel Guadarrama, coordinador de finanzas públicas del Imco.

En ese contexto, incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó reducir en 50% el gasto en comunicación social. Al respecto, Guadarrama planteó esta no termina de llegar en todos los estados y que espera que el siguiente año, cuando se revisen las cuentas públicas de 2019, sí haya una disminución en este tipo de partidas de gastos de comunicación.

Conoce más:

El gobierno de AMLO fija límite de 5800 mdp en publicidad

¿Qué se puede hacer?

Para el Instituto Mexicano para la Competitividad es importante reducir la discrecionalidad en el ejercicio de los recursos públicos. Por ello, propone:

1. Las entidades federativas se apeguen al monto planeado y presupuestado que facilite un ejercicio de los recursos eficaz y eficiente y no genere variaciones injustificadas.

2. El gasto en comunicación social, en cualquiera de sus versiones, sea justificado, identificado, así como rastreable e identificable, es decir que sea evidente que los anuncios del gobierno se puedan distinguir fácil y explícitamente.

3. Asimismo, la publicidad debe limitarse a informar el quehacer gubernamental y garantizar diversidad tanto en su contratación como en su contenido.

Guadarrama explicó que el contenido de comunicación social es muy complicado de evaluar y seguramente existen casos propagandísticos y de promoción personal de algunos funcionarios públicos, por ello insistió en que debe haber un ente que vigile el gasto

“No hay nadie que supervise este gasto (…) es muy difícil que alguien verifique los contenidos de esta comunicación social, es muy difícil establecer en qué momento deja de ser comunicación social y se convierte en propaganda de algún funcionario público”, comentó.

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