#ColumnaInvitada | Publicidad oficial: ¿cuánto cuesta (des) informar?

Mientras tanto, a través de información proporcionada por la Secretaría de la Función Pública, se reportó que a julio de 2019, el presupuesto programado para comunicación social y publicidad oficial es de 4 mil 677 millones de pesos.

Llama la atención que solo se han ejercido o comprometido 69 millones de pesos. Esto quiere decir que a mitad de año el gobierno lleva el 1.5% del gasto asignado. Esta cifra puede tener dos respuestas: el costo de la austeridad lo están pagando los medios de comunicación o en lo que resta de 2019 veremos un, increible pero posible, incremento de la publicidad oficial.

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La administración federal de Enrique Peña Nieto se caracterizó por una mala planeación y ejercicio del gasto. Tan sólo en 2018, los diputados aprobaron un presupuesto para comunicación social a las dependencias de 1,160 millones de pesos; sin embargo, al final del año terminaron gastando más de 6,373 millones de pesos. Esto representó una variación del gasto en comunicación social del 449%, y esto solo de las secretarías federales.

El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019 se consideró como un documento responsable y con un mayor apego a la realidad. Sin embargo, el contexto económico, junto con una serie de decisiones del presidente podrían terminar de enterrar esa percepción. El gobierno federal ha anunciado diversos recortes, reasignaciones y modificaciones al PEF 2019 que podrían transformarlo en un documento completamente diferente.

Tendremos que esperar a la cuenta pública para conocer qué tanto varió el presupuesto estimado y los recursos ejercidos, qué tanto se respetó la voluntad popular de los diputados que aprobaron el PEF 2019, o qué tanto el Presupuesto de Egresos de la Federación es un juguete del presidente (al igual que el Plan Nacional de Desarrollo).

En 2018, se publicó la Ley General de Comunicación Social. A pesar de lograr avances, la legislación perpetúa la discrecionalidad al momento de ejercer recursos públicos destinados a este concepto. Además del manejo de recursos públicos existe otro tema de la mayor relevancia: ¿quién controla el contenido y cómo afecta a la línea editorial de los medios?, ¿la publicidad oficial pagada genera censura y vulnera la libertad de expresión?

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La llamada #LeyChayote no contiene controles suficientes en materia de comunicación social. El uso proselitista del dinero público continúa como una posibilidad. Faltan criterios que establezcan cómo se asigna la publicidad oficial, candados para evitar que se gaste más de lo presupuestado, mecanismos de planeación, evaluación y control. De persistir estas lagunas, la divulgación de información plural o de interés público puede estar comprometida.

El beneficio social de la información debe superar al costo de la comunicación social o publicidad oficial. Si no es proporcional o siquiera comparable con las necesidades de la población es un gasto ostentoso y contrario a la austeridad. La responsabilidad del Gobierno en materia de comunicación social no se limita al buen ejercicio de recursos públicos. El gobierno debe informar y nunca desinformar sobre el quehacer gubernamental.
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El autor es coordinador de Buen gobierno y finanzas públicas del @IMCO .

Nota del editor: Las opiniones de este artículo son responsabilidad única del autor.