En 2018, de acuerdo con las últimas cuentas públicas de los estados disponibles, las entidades ejercieron 8,038 millones pesos en publicidad oficial. Esto significó un incremento de 72% respecto a lo que habían presupuestado (4,665 millones de pesos), reveló un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Esta práctica ha sido continua en los últimos años, debido principalmente a la mala planeación del gasto en comunicación social que incluso permite un uso proselitista y discrecional del dinero público, señaló la organización.
“La mala planeación del gasto en comunicación social permite un uso proselitista y discrecional del dinero público. La difusión de información favorable o conveniente para un funcionario público, o político, no puede ser una prioridad en el gasto público”, planteó el Imco.