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La centralización de la salud en México rompe con el federalismo, denuncian

Con los cambios aprobados en materia de salud, el gobierno federal podrá acceder a participaciones de las entidades y rompe el Pacto federal, acusan senadores y expertos.
lun 18 noviembre 2019 06:00 AM
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La creación del nuevo Insabi implicará que los estados tendrán que ceder sus hospitales al gobierno federal y dejarán de recibir recursos.

Con los cambios a la Ley General de Salud, que desapareció el Seguro Popular, los estados perderán la rectoría de los servicios de salud y también podrían ser sancionados con sus participaciones federales.

De acuerdo con la legislación aprobada este jueves por la Cámara de Senadores, el Instituto Nacional de Salud (Insabi) se encargará de la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos para las personas que carecen de seguridad social. Para esto, el gobierno federal y los estados deberán aportar recursos a través de acuerdos de coordinación.

No obstante, los estados que prefieran no hacerse cargo de estos servicios podrán acordar con el Insabi, que éste se haga cargo de organizar, operar y supervisar la prestación de servicios para sus habitantes.

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La ruptura del Pacto federal

Como el Insabi operará de manera directa los sistemas de salud, que ahora están a cargo de los gobiernos locales y que están financiados por el Seguro Popular, ahora todo dependerá del gobierno central y ya no de las entidades el servicio.

La senadora Sylvana Beltrones, del PRI, comentó que la descentralización se hizo precisamente para dar mayor fortaleza financiera y administrativa a los estados, y ahora la perderán, además de que las figuras de los secretarios de salud de los estados quedará obsoleta.

“Se presenta una centralización de los servicios de salud que rompe con el Pacto Federal en el que se viene trabajando desde hace muchos años”, aseguró.

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La legisladora señaló que ahora todo se va a acordar con los estados a través de unos acuerdos de coordinación, mediante un delegado que va a estar en una sección coordinada por estados.

“Es como un superdelegado de salud, y él mismo va a administrar todos los recursos, tanto como los federales, como los estatales”, afirmó.

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De acuerdo con legisladores del PAN, centralizar la totalidad de los recursos del Ramo 33 que derivan del Fondo de Apoyo para los Servicios de Salud (FASSA) y los que competían al Seguro Popular, del Ramo 12, deja a los estados sin recursos para hacer frente a sus obligaciones y se presta a la opacidad.

“Esto es sumamente grave, ya que las entidades federativas, al firmar un convenio, quedarían sin recursos para hacer frente a obligaciones que la ley les atribuye y que constituyen el pilar del derecho a la salud para los mexicanos”, señalaron en una carta que enviaron a la Organización Mundial de la Salud (OMS).

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Pero lo más preocupante, expresan, es que el manejo de los recursos se quedará a cargo del titular del Insabi, Juan Ferrer Aguilar, quien acusan “carece de experiencia y méritos en el sector salud, pero sí es incondicional al presidente”.

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El senador Samuel García, de MC, también alertó que ahora se pretende que los estados paguen al Estado por sus beneficiarios del Insabi.

“La salud debe ser descentralizada (…) no se han cansado de exprimir a las entidades federativas, se quedan con el 80 % de todo el dinero y enciman quieren que los estados hoy quebrados paguen al gobierno central sus beneficiarios, la estocada final del federalismo, esto ya se llamaría centralismo ultranza, con todas sus letras”, afirmó.

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En pocas palabras, la senadora Nuvia Mayorga señaló que los estados van a tener que entregar sus hospitales regionales, sus clínicas, y van a pasar al gobierno federal. Explicó que se va a regionalizar en cuatro partes, lo que significa que cada uno de los delegados de salud estará manejando al menos ocho estados.

"Si en muchas ocasiones, un delegado que existe hoy o un Secretario de Salud, es insuficiente la carga de trabajo, ahora imagínense una persona que maneje alrededor de ocho estados", señaló.

Estados serán ‘castigados’

La ley señala que los acuerdos de coordinación deberán contar con previa opinión de viabilidad presupuestal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el ámbito de sus atribuciones y contemplando recursos humanos, materiales y financieros, así como el régimen laboral del personal, el régimen inmobiliario, así como el porcentaje o monto de recursos que la entidad federativa deberá aportar.

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La Federación, por su parte, debe transferir los recursos a los estados, según se establezca en los acuerdos de coordinación, los cuales deberán incrementarse en la misma proporción de los que se destinen por parte del gobierno federal.

Los convenios también deberán prever las sanciones que se aplicarán en caso del incumplimiento de esta disposición. Uno de los ‘castigos’ puede ser las participaciones federales para los estados.

“En caso de incumplimiento de la aportación (…), las participaciones de la respectiva entidad federativa se podrán afectar como fuente para cubrir dicha aportación”, señala el decreto.

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