ASF detecta que los estados "perdieron" 892 millones del Seguro Popular

En la revisión de la ASF, Chiapas ocupó el primer lugar con 218.2 mdp pendientes de aclaración; le siguen Tabasco, con 185.7 mdp; Chihuahua, 127.5 mdp; Jalisco, con 118, y San Luis Potosí, 68.9 mdp.

Todos los casos con irregularidades caen en los rubros de no comprobación del gasto, el pago de bienes no localizados, la adquisición de medicamento y servicios no incluidos y/o superiores al costo aceptado e incluso pagos a nómina o trabajadores no localizados.

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La ASF determinó, en total, 436 observaciones, de las cuales se solventaron 247 en el transcurso de la auditoría, y quedaron pendientes 189, estas últimas dieron origen a 198 acciones:

• 19 Recomendaciones (9.6%)
• 10 Promociones para el Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (5.1%)
• 69 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (34.8%)
• 4 Solicitudes de Aclaración (2.0%)
• 96 Pliegos de Observaciones (48.5%)

¿Cuáles son las irregularidades encontradas?

La ASF realizó 32 auditorías a cada una de las entidades federativas de los recursos del Seguro Popular para el ejercicio 2018. Se revisó una muestra de 36,506.4 mdp, de los cuales se observaron 928.7 mdp. De este monto, 892.3 mdp están pendientes de aclarar por diversas irregularidades:

Nueve estados no entregaron la documentación comprobatoria del gasto: Campeche, Chihuahua, CDMX, Michoacán, Oaxaca, Querétaro, SLP, Tabasco y Tlaxcala; el total de esas omisiones suma 333.1 mdp, lo que representa el 35.9% del total.

Entre esos nueve estados, Chihuahua ocupa el primer lugar con 100.4 mdp sin comprobar, aproximadamente la tercera parte del monto sumado por los nueve estados.

De acuerdo con la ASF, de estos 100 millones, al menos 65.4 mdp se debe a que se destinaron para el pago de gasto de operación y remuneraciones de su personal de apoyo administrativo, pero no se presentó la documentación justificativa del gasto como recibos de nómina, contratos, actas entrega, resguardos, inventarios, garantías y comprobación de la realización de los servicios contratados.

Otro de los rubros es el clasificado como Recursos o rendimientos financieros no ejercidos, devengados o sin ser reintegrados a la TESOFE, en el cuak incurrieron 22 estados para sumar un monto de 236.2 mdp.

Aquí se incluye los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, que representa el 25.4% del monto total observado.

Pese a que la Ley de Disciplina Financiera señala que los recursos no ejercidos deben ser regresados a la Tesorería de la Federación (TESOFE), 67% de los estados no lo han hecho. En el primer lugar de la lista aparece Chiapas, entonces gobernada por Manuel Velasco, del PVEM.

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Otros aspectos como personal que no acredita el perfil académico; adquisición de medicamento y servicios no incluidos y/o superiores al Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES), penas convencionales no aplicadas, bienes adquiridos no localizados, como el caso del electrocardiógrafo de Chiapas, entre otros, suman un total de 104.2 mdp, lo que representa el 11.2% del monto total observado.

En la irregularidad de Transferencia de recursos a otras cuentas bancarias aparecen tres estados: Chiapas, Sinaloa y Tamaulipas, que en conjunto manejaron bajo ese supuesto 80.4 mdp, lo que representa el 8.7% del monto total observado. Destaca que Chiapas ocupa, de nuevo, el primer lugar con 80.3 mdp, casi el monto total.

Pago excedente en sueldos, prestaciones o estímulos a los autorizados o que no son financiables con el programa, es una irregularidad que se presentó en cuatro estados: Guerrero, Jalisco, Quintana Roo y Yucatán, con un monto de 77.6 mdp, el 8.4% del monto total observado.

Jalisco, gobernada en ese entonces por Aristóteles Sandoval (PRI), está en el primer lugar de estas irregularidades con un monto de 71.6 mdp. Por ejemplo, por el pago de medidas de fin de año y pago extraordinario como complemento a las medidas de fin de año a 2,439 trabajadores eventuales, destinar recursos de la Cuota Social y Aportación Solidaria Federal 2018 a 12 trabajadores que no se localizaron en su Centro de Trabajo y a 34 trabajadores que contaban con licencia sin goce de sueldo o para el pago de comisiones sindicales a 17 servidores públicos.

En el rubro de Recursos ejercidos en conceptos que no cumplen con los objetivos específicos del programa aparecen otros cuatro estados: Campeche, Chiapas, Morelos y Quintana Roo, con un monto total de 50.6 mdp, el 5.4% del monto total observado.

Campeche, entonces gobernada por el actual dirigente del PRI, Alejandro Moreno, ocupa el primer lugar en este rubro con 48.1 mdp, que corresponden al 81% del monto total que la entidad tiene por aclarar que es de 51.3 mdp. En este caso, la ASF pidió una aclaración al gobierno estatal para que proporcione la documentación de los pagos que se presentaron como gasto del ejercicio fiscal 2018, cuando son facturas de 2017.

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En el Pago de bienes con precios superiores a los contratados se encuentran dos estados: Chiapas y Quintana Roo, para un total de 24.9 mdp, el 2.7% del monto total observado. En este caso, Chiapas también se lleva el primer lugar, con 24.7 mdp.

Conceptos de nómina no autorizados, en esa irregularidad aparecen tres estados, con una suma de 21.7 mdp. Se trata de Hidalgo, Jalisco y Oaxaca; en particular Jalisco ocupa el primer lugar por este concepto con 21.3 mdp.