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El INE presenta una "acción declarativa" contra la "Ley Bonilla"

El organismo autónomo solicitó al TEPJF disipar "la incertidumbre jurídica derivada de la aprobación de la reforma a la Constitución del estado de Baja California".
jue 24 octubre 2019 02:40 PM
INE
El INE promovió una acción declarativa en Juicio Electoral para solicitar al TEPJF dar certeza sobre el mandato de dos años del próximo gobierno estatal.

El Instituto Nacional Electoral (INE) abrió un nuevo frente legal legal contra la polémica 'Ley Bonilla', una reforma aprobada por el Congreso de Baja California, y publicada en el Periódico Oficial del Estado el pasado jueves, que amplía el periodo de gobierno del mandatario electo Jaime Bonilla Valdez de dos a cinco años.

El organismo autónomo informó en un comunicado que este jueves presentó ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) una 'acción declarativa', que se integró en un expediente de Juicio Electoral, para que se determine "que el periodo de la nueva gubernatura de Baja California debe ser de dos años, como lo estableció la convocatoria original del proceso electoral y las sentencias consecutivas emitidas por el propio Tribunal."

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"Se trata de un primer recurso legal interpuesto por el INE en defensa de la certeza del proceso electoral celebrado en aquella entidad, en el que resultó ganador el hoy gobernador electo Jaime Bonilla, para el periodo que corre del 1 de noviembre de 2019 al 31 de octubre de 2021", se lee en el comunicado.

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El encargado de presentar esta acción legal fue el Secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, con el objetivo de que la Sala Superior "disipe la incertidumbre jurídica derivada de la aprobación de la reforma a la Constitución del estado de Baja California", la cual fue hecha después de las elecciones del 2 de junio y publicada luego de la declaración de validez de la elección y la entrega de la constancia de mayoría, "en la que claramente se señaló el periodo de mandato, por dos años".

El INE resaltó que es necesaria la intervención de la máxima autoridad jurisdiccional en la materia, "porque se han puesto en entredicho los alcances de la participación política de la ciudadanía, produciéndose un entorno de incertidumbre incompatible con el carácter democrático y republicano de los gobiernos electos popularmente".

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El Instituto Electoral consideró que esta acción debe ser considera procedente tomando en cuenta que:

  • Es una situación que produce incertidumbre o falta de seguridad en un posible derecho.
  • Existe la posibilidad de que con esa situación se afecte o perjudique en cualquier modo el derecho.

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Este organismo aseguró que la acción declarativa otorgará a la ciudadanía y a las autoridades electorales la certeza respecto al periodo que debe permanecer en el encargo el gobernador electo.

“Incorporar elementos de incertidumbre –como lo es modificar el periodo de un gobierno electo después de los comicios y de la declaración de validez del proceso electoral– podría producir un daño al electorado en su conjunto, al sistema democrático y a la función electoral que tienen a su cargo el Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales electorales", señaló.

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