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Proyectos de AMLO se topan con 'peros' en el Poder Judicial

Fallos judiciales han pausado la ejecución del proyecto de Santa Lucía, han ordenado evitar afectaciones por el recorte a estancias e incluso, en algunos casos, han frenado la ley de salarios máximos.
mar 18 junio 2019 11:00 AM
Proyectos de amlo
Obstáculos. Los planes del jefe del Ejecutivo se han encontrado con dificultades.

CIUDAD DE MÉXICO (Expansión Política).- Mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador está por cumplir un año de su triunfo en las urnas, algunos de sus proyectos se han encontrado con 'piedras en el camino' por resoluciones judiciales o de órganos autónomos.

Una de esas promesas es la cancelación del Nuevo Aeropuerto en el antiguo Lago de Texcoco para dar pie a otro en la Base Aérea de Santa Lucía, plan que por ahora ha sido frenado por dos suspensiones emitidas por un juez federal.

El recorte al programa de estancias infantiles y la llamada ley de salarios máximos son otros casos en los que ha intervenido el Poder Judicial. Mientras tanto, el Instituto Nacional de Transparencia (INAI) ha hecho lo propio en otros dos proyectos estrella del gobierno federal: el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas.

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Desde el Poder Judicial

El presidente inició esta semana con una noticia desfavorable para su proyecto en Santa Lucía: un juez federal con sede en el Estado de México concedió dos suspensiones definitivas al colectivo #NoMásDerroches. Esto significa que:

1. Se ordena detener el proyecto hasta que se cuente con todos los dictámenes de viabilidad y permisos que exigen las leyes.

2. Se ordena preservar la obra en el NAIM tal como se encuentra actualmente; esto implica que se paralice cualquier orden de destruir, desaparecer, desmantelar o demoler las obras existentes hasta que se dicte una sentencia definitiva.

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Con estas dos resoluciones suman ya tres órdenes judiciales obtenidas gracias 147 juicios de amparo presentados por #NoMásDerroches, cuyo objetivo, según el propio colectivo, es que el Poder Judicial federal revise la legalidad de la cancelación del NAIM y asegure que el proyecto de Santa Lucía cuente con todos los dictámenes y permisos necesarios.

El recorte del 50% al programa de estancias infantiles ha sido otro tema por el que el gobierno incluso recibió una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

 

A inicios de este mes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sentó jurisprudencia respecto de las estancias y ordenó a todos los jueces del país resolver a favor de las personas que hayan interpuesto amparos en contra de los recortes y las modificaciones en las reglas de operación del programa.

Lo anterior se desprende de tres tesis de jurisprudencia que fueron publicadas el 7 de junio en el Semanario Judicial de la Federación, las cuales señalan que:

1. El gobierno debe otorgar los apoyos que les correspondan a los padres de familia y a los responsables de las estancias conforme a los lineamientos de 2018.

2. Dado que en los 10 años de implementación de este programa "se han obtenido beneficios multidimensionales en favor de los menores, así como de las madres trabajadoras", no se deberá ejecutar la reducción de su presupuesto y habrá que otorgar las cantidades correspondientes a las modalidades establecidas en las reglas de operación de 2018.

3. Como este programa se implementó con la finalidad de proteger los derechos de madres, padres y tutores que trabajan, buscan empleo o estudian, así como de los menores, a todos ellos se les debe proteger contra la reducción presupuestal.

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La polémica ley de salarios máximos, que establece que ningún funcionario puede ganar más que el presidente, también tuvo un nuevo revés judicial este mes.

El 12 de junio, la Corte concluyó que los empleados del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) podrán tener sueldos similares a los que percibían en 2018, aun cuando excedan los 108,000 pesos que gana López Obrador.

De esta manera, los empleados del IFT se suman a los de Banco de México (Banxico) en ganar la batalla contra esta normativididad.

Mientras, el Instituto Nacional Electoral (INE) y la CNDH siguen buscado que los ministros de la Corte fallen a su favor.

 

Desde el INAI

La construcción del Tren Maya ha derivado en dos órdenes por parte del INAI para que se informe sobre su costo, beneficios, planeación e impacto ambiental.

En las dos resoluciones, la primera de marzo y la segunda este mes, el órgano autónomo ordena:

1. A la Secretaría de Turismo , dar a conocer los documentos que funden la adjudicación directa para los estudios de factibilidad del Tren Maya, precisando las empresas, los montos a pagar y las fechas de entrega de cada uno de los estudios y servicios contratados.

2. A la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) , dar a conocer costos, beneficios, estudios y planeación del proyecto, al considerar que los estudios de impacto ambiental y social son medidas para prevenir violaciones a los derechos humanos.

La refinería de Dos Bocas, otro proyecto estrella, suma ya cuatro órdenes por parte del INAI relacionadas con inversión, extensión del terreno, impacto ambiental, multas y estudios económicos.

Estas resoluciones se han emitido desde febrero e instruyen:

1. A la Secretaría de Energía , informar sobre la extensión del terreno donde se construirá la refinería en el municipio de Paraíso, Tabasco.

2. A Pemex , informar sobre el estudio de impacto ambiental y presupuesto del proyecto.

3. A la Sener (otra vez) , dar a conocer todos los estudios sociales, económicos, energéticos y ambientales sobre la construcción de la refinería.

4. A la Secretaría de Hacienda , detallar y hacer público el costo y beneficio del proyecto de inversión de infraestructura.

El INAI ha destacado que en ambos casos, tanto del Tren Maya como de Dos Bocas, se debe actuar "bajo total transparencia", como prometió el presidente.

¿Qué dice AMLO?

En la conferencia matutina del pasado viernes, el mandatario aseguró que los amparos interpuestos contra la obra de Santa Lucía "no perjudican, porque no se está construyendo nada". Asimismo, refirió que hay un interés político y económico detrás de estos amparos.

"Es una estrategia de nuestros adversarios, pero no van a poder, porque legalmente no se está infringiendo ninguna ley; aun cuando una autoridad del Poder Judicial actuara de mala fe, hay instancias y lo más que lograrían sería demorar el proyecto, eso es lo único", dijo.

En respuesta, el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, informó que él es uno de los que promovió un juicio "para que se respete la ley" en torno a la construcción de la nueva terminal aérea.

"A MX no le conviene la construcción (en) Santa Lucía y que lo ya edificado con recursos públicos en el NAIM sea destruido. Confío en que pronto, a través del Poder Judicial, la razón se imponga", indicó el líder empresarial en Twitter.

Pero en su conferencia de este lunes, López Obrador insistió que quienes están dando esta batalla legal son personas "que no nos ven con buenos ojos" y que "no se resignan a que ya no es lo mismo".

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