Un instrumento para atraer inversión
La secretaria de Medio Ambiente insistió en que México necesita una nueva arquitectura financiera que permita darle valor económico al capital natural y señaló que el país debe avanzar hacia mecanismos como los bonos de biodiversidad, los créditos de carbono y otras soluciones basadas en la naturaleza que permitan convertir la conservación en una actividad rentable.
Como ejemplo mencionó el caso del sargazo en Quintana Roo, donde actualmente miles de toneladas llegan diariamente a las costas mexicanas.
En lugar de considerar el fenómeno únicamente como un problema ambiental, dijo, el Gobierno busca convertirlo en una oportunidad económica mediante proyectos para recolectarlo en altamar, procesarlo y generar nuevos productos con valor comercial en coordinación con hoteles, empresas y la Secretaría de Marina.
Bárcena también destacó el potencial económico de los bosques, los manglares, los arrecifes y los humedales, cuya conservación puede generar beneficios ambientales, reducir riesgos por huracanes, fortalecer actividades productivas y abrir nuevos mercados asociados a bonos ambientales.
Las prioridades del FCA
La primera cartera de proyectos estará alineada con las prioridades ambientales del Gobierno federal.
Entre ellas se encuentran el aprovechamiento integral del sargazo en Quintana Roo y Yucatán mediante infraestructura para su procesamiento; la restauración de las cuencas de los ríos Atoyac, Lerma-Santiago y Tula con soluciones basadas en la naturaleza; el Acuerdo Nacional por los Bosques, Selvas y Manglares, que contempla restaurar 100,000 hectáreas degradadas y recuperar la mitad de los manglares del país; así como el Programa Nacional de Restauración Ambiental, que atenderá 50 sitios prioritarios mediante inversiones públicas y privadas.
La estrategia también contempla fortalecer la economía circular, la bioeconomía, la gestión sustentable del agua y del suelo, la calidad del aire y la transición energética.
Los primeros proyectos
Entre las iniciativas que podrían formar parte del portafolio inicial del fondo se encuentra la restauración integral del Parque Papagayo, en Acapulco, afectado por el huracán Otis.
El proyecto contempla jardínes polinizadores, jardínes de lluvia, sistemas de infiltración, recuperación de ecosistemas, manejo sustentable del agua y generación de empleos locales. Además, se plantea que en una etapa posterior pueda generar ingresos mediante bonos de biodiversidad.
Otro proyecto busca aprovechar el lirio acuático extraído de la presa Endhó, en Hidalgo. La propuesta considera desarrollar tecnologías para producir biogás, composta, biochar, fertilizantes, fibras, papel y materiales de construcción, convirtiendo un problema ambiental en una cadena de valor vinculada a la economía circular.
El Fondo también contempla iniciativas relacionadas con la restauración de manglares, el saneamiento de cuencas, el desarrollo de infraestructura en los Polos de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar (PODECIBIs), la captura de biogás en rellenos sanitarios, la conservación del corredor Gran Selva Maya y proyectos de transición energética con potencial para generar créditos de carbono.
La meta: construir proyectos "bancables"
Como parte del arranque del fondo, la CAF aprobó una cooperación técnica no reembolsable por 100,000 dólares destinada a estructurar una cartera de proyectos "bancables", es decir, iniciativas que cuenten con la viabilidad técnica, financiera y ambiental necesaria para atraer inversión.
Para el presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, el Fondo de Capital Ambiental representa más que un mecanismo financiero.
"Es una plataforma que articula al Gobierno de México, al sector privado, la filantropía, los organismos internacionales y otros aliados estratégicos para movilizar recursos hacia proyectos que restauren ecosistemas, fortalezcan la biodiversidad y desarrollen nuevos modelos de economía circular", señaló.
Con este instrumento, el Gobierno busca que la protección del capital natural deje de verse únicamente como un gasto ambiental y se convierta en una política de inversión capaz de generar beneficios económicos, sociales y ambientales de largo plazo.
