En el mar de escándalos que inundan la agenda política en este inicio de año, las revelaciones de Sanjuana Martínez Montemayor, exdirectora de Notimex, han agitado las aguas con mucha fuerza.
A través de dos publicaciones en "La Jornada", medio impreso cercanísimo al régimen, Sanjuana ha develado un intrincado juego de corruptelas y maniobras que parecen sacadas de un thriller de suspenso, o hasta de una película de terror, pero que, lamentablemente, son una cruda realidad.
En su primera entrega, Martínez acusa directamente a Marath Bolaños López, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de condicionar las liquidaciones para el personal de Notimex a un "moche" del 20% para la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum.
Esta afirmación, de ser cierta, no solo socava una vez más los principios éticos de los que tanto se jacta el presidente, sino que también abre la puerta a cuestionamientos más profundos sobre la transparencia y la integridad de quienes integran su gobierno.
Por si fuera poco, a decir de Sanjuana, funcionarios de la Secretaría del Trabajo le habrían ofrecido un soborno de 11 millones de pesos a cambio de aceptar el "acuerdo".
Martínez, en una denuncia que exhibe su indignación y molestia, se exime de responsabilidad en el cierre de Notimex y apunta sus dardos hacia figuras como Luisa María Alcalde Luján, actual secretaria de Gobernación y exsecretaria del Trabajo, y otros funcionarios de la presente administración.
Las acusaciones van desde conflicto de interés hasta amenazas veladas, dibujando un escenario de disputas y presiones que parecen corroer las estructuras de poder desde dentro.
En una segunda entrega se lanza contra el vocero de la presidencia Jesús Ramírez y contra el titular del Sistema Público de Radiodifusión, Jenaro Villamil.
Por otro lado, la periodista también se centra en el papel del abogado laborista Arturo Alcalde Justiniani, padre de Luisa María Alcalde, a quien acusa de quedarse con 76 millones de pesos del citado fondo de licitaciones.
Lo que emerge de estas acusaciones: desmiente el "no somos iguales" y el "se acabó la corrupción" que cacarea el presidente, quien no solo negó lo denunciado por Sanjuana, sino que le exigió que presentara pruebas.
La pregunta que queda en el aire es si estas acusaciones serán investigadas con la seriedad y profundidad que merecen, o si, como ha ocurrido en otras ocasiones, quedarán en el olvido, sepultadas bajo el peso de la agenda política y el esfuerzo de López Obrador por minimizar los hechos.
La respuesta a esta pregunta no solo determinará el futuro de los involucrados, sino también la salud de la democracia y hasta de la elección presidencial de junio próximo.
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