Notimex era la Agencia de Noticias del Estado y durante los últimos años estuvo en huelga y sin operación; en diciembre el Congreso aprobó su extinción y ordenó la liquidación, a cargo del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.
El decreto entró en vigor a fines de diciembre. Luego, se procedió a calcular y entregar las liquidaciones a los trabajadores.
En dos partes y con el título “Testimonio con la historia detrás del conflicto en Notimex”, Martínez relató cómo llegó en 2019 a la agencia, las irregularidades que supuestamente halló y cómo en el proceso de extinción supuestamente hubo dos “intentos de soborno” –que rechazó– por parte de José Luis Sánchez Cuazitl, director jurídico de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
“Dile a tu directora que queremos hablar de su liquidación, dile que le ofrecemos 11 millones de pesos, pero que al resto de los trabajadores sólo les podemos dar lo mínimo que marca la ley”, dijo de la oferta que Sánchez Cuazitl (de la STyPS) supuestamente le hizo a Carlos Peñaloza Martínez, entonces director administrativo de Notimex.
“Quería comprarme (…) Esperaban que con un cañonazo millonario traicionara a mi equipo después de cinco años de resistencia. Obviamente, no acepté”, escribió.
El segundo intento de “soborno”, según la periodista, fue al negociar las liquidaciones del “personal activo” que se quedó con ella durante estos años y no se sumó a huelga.
De acuerdo a Sanjuana Martínez, se mantuvieron trabajando, aunque la agencia –que recibió cada año su presupuesto- no operaba y perdió todos los laudos laborales, ganados “sin excepción” –reconoció- por los huelguistas.
Expuso que el cálculo que le correspondía a este personal era cercano a los 150 millones de pesos y es sobre ese monto, acusó la periodista, que se le propuso entregar el 20% para la campaña de Morena (30 millones de pesos).
“Te damos esa cantidad (150 millones) siempre y cuando nos entreguen 20% para la campaña electoral de Claudia Sheinbaum", le dijo Sánchez Cuazitl, de la Secretaría del Trabajo, a Peñaloza Martínez”, aseguró la exfuncionaria al referirse al segundo intento de “soborno”.
“Me negué en rotundo. Eso es un acto de corrupción, comenté. Y Peñaloza añadió: 'Es una práctica común en el gobierno'; a lo que respondí: 'No me importa, yo no la acepto'. Jamás podría obligar a mi equipo a dar dinero bajo ese criterio. No, de ninguna manera”, escribió Martínez.
La consecuencia de su negativa –según expuso- fue que sólo le fue autorizado un monto de liquidaciones para los trabajadores que se mantuvieron cercanos a ella de 15 millones de pesos, por órdenes de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, y el secretario del Trabajo y Previsión Social (STyPS), Marath Bolaños López.
