En las últimas semanas, varias entidades del país, entre ellas Querétaro, Nuevo León y San Luis Potosí, han impulsado iniciativas legislativas para reforzar la protección de los animales, tras denuncias recientes que han provocado indignación entre activistas defensores de los animales y sociedad civil.
Bautizadas como "Ley Oli", en Quéretaro o " Ley Hope", en San Luis Potosí, ambas iniciativas se unen a los esfuerzos que en cada estado se llevan a cabo para sancionar el maltrato animal.
En Querétaro, este miércoles 19 de noviembre, el gobernador Mauricio Kuri González hizo un llamado a los diputados locales para analizar y aprobar la llamada “Ley Oli” o Ley de Bienestar Animal.
Esta propuesta contempla un reconocimiento legal de los animales como seres sintientes y pretende endurecer las sanciones por crueldad o abuso, con multas de hasta 500 unidades de medida y actualización (UMAs) —lo que equivale a alrededor de 56,570 pesos— e incluso penas de prisión.
"La “Ley Oli”, que reconoce a los animalitos como seres que sienten y con dignidad, es una herramienta que necesitamos hoy. Hago un respetuoso y firme exhorto al Congreso de Querétaro, para brindarle ya a nuestra sociedad los beneficios de esta ley que, sin duda, fortalecerá el cuidado de los animales y la defensa de la vida que distingue a las y los queretanos", publicó el gobernador a través de redes sociales.
La llamada Ley Oli, fue presentada hace más de cinco meses por el gobernador, luego de que en redes se viralizó la historia de Oli, una burrita preñada que sufrió quemaduras y perdió la vida tras un acto de crueldad luego de que hombre le roció gasolina y le prendió fuego, hechos que ocurrieron en Cadereyta de Montes en 2024.
A este caso de maltrato, se sumó recientemente la denuncia del maltrato animal registrada en la comunidad de Boyé, de este mismo municipio, donde un grupo de jóvenes fue grabado colocando artefactos pirotécnicos a un burro, provocándole lesiones.
Si bien el Código Penal del Estado de Querétaro, en su artículo 246-D BIS, tipifica el maltrato animal como un delito que puede sancionarse con penas de hasta cuatro años de prisión y multas económicas, dependiendo de la gravedad del daño, la Ley Oli busca reconoce a los animales como seres con dignidad y con derecho a vivir sin crueldad, sin maltrato, sin abandono y sin sufrimiento.
Mientras tanto, en Nuevo León, hace un par de semanas atrás, formó dos decretos contra el maltrato un animal, el primero estableciendo una reforma al Código Penal para que, en caso de que exista alguna reincidencia en delitos ambientales y maltrato animal, se paguen hasta 9 años de prisión.
Mientras que las sanciones y penas de cárcel se incrementarán en caso de que se grabe en video o foto la crueldad animal, lo suban a redes y aún más si hay presencia de niños y adolescentes.
Hoy junto al Secretario General de Gobierno @mikefloresse firmamos dos decretos para ir con todo contra cualquiera que maltrate un animal.
— Samuel García (@samuel_garcias) October 27, 2025
1.- Reforma al Código Penal para que, en caso de que exista alguna reincidencia en delitos ambientales y maltrato animal, se paguen hasta 9… pic.twitter.com/m62vTpCcAZ
La reforma fue impulsada luego de que a finales de octubre, se viralizó un video en el que unos sujetos obligaron a un perro a beber whisky en el municipio de Aramberri.
Dichos decretos se sumaron a la firma del Decreto de la Reforma a la Ley de Protección y Bienestar Animal para la Sustentabilidad del Estado de Nuevo León, que el gobernador también hizo apenas en octubre, así como al anuncio de la creación de una División Ambiental, que también abarca bienestar animal y que combatiría los delitos al medio ambiente y el maltrato a los seres sintientes.
“La División Ambiental de Fuerza Civil que son más de 500 elementos y más de 100 patrullas que van a dedicarse exclusivamente a combatir los delitos ambientales. Ahí están en el Código Penal del Estado y son nueve. Entonces aprovecho para lanzar la advertencia que vamos a ir durísimo y quien se meta con un animal, quien contamine va a la cárcel”, manifestó el gobernador.
“Los siguientes tres años de este sexenio vamos a ser muy contundentes y que quede claro que los delitos ambientales que eran letra muerta y estaban ahí en un Código se van a ejercer y va a haber cárcel a quien infrinja las normas y las leyes ambientales”, agregó entonces.
Por su parte, en San Luis Potosí, también avanza lo que algunos han llamado la “Ley Hope”, una iniciativa ciudadana respaldada por legisladores que busca aumentar las sanciones por daño, abandono o muerte de animales.
La iniciativa surgió luego de que una perrita con este nombre fue quemada viva y golpeada hasta la muerte en la ciudad de San Luis Potosí.
Aunque los responsables fueron identificados, uno de los agresores logró su libertad con el pago de 2,500 pesos y 4 bultos de croquetas.
Ante ello, animalistas impulsan la aprobación de La Ley Hope que propone endurecer las penas por maltrato animal, especialmente en casos de sadismo, zoofilia, muerte y sobreexplotación física; garantizar que estos delitos no prescriban, asegurando justicia y fomentar educación, prevención y concientización, promoviendo una cultura de respeto y cuidado hacia todos los seres vivos.
En agosto, el Congreso de Guerrero reformó también su Ley de Bienestar Animal (Ley 491) para exigir que los establecimientos dedicados a la crianza, exhibición o venta de animales brinden condiciones dignas: espacios ventilados, iluminación adecuada y estándares sanitarios para evitar estrés y sufrimiento.
A estas iniciativas, se suma también la reforma que diputadas y diputados del Congreso de Sinaloa aprobaron en julio pasado, para incorporar la protección de los animales en la Constitución Política del Estado, así como la prohibición de su maltrato, además de establecer la obligación del Estado de garantizar su cuidado y bienestar.
En tanto que en junio de 2025, Chiapas aprobó una ley que ya sanciona el maltrato, la crueldad, el abandono y las peleas de perros.
La reforma tipificó por primera vez el maltrato y la crueldad animal como delitos, un avance histórico para la entidad, que hasta entones era la única en el país que no contemplaba sanciones penales en esta materia.
Las reformas estableció así penas de 6 a 12 meses de prisión y multas de 50 a 100 UMA, es decir de 5,657 a 11,314 pesos, para quien incurra en maltrato o crueldad. Si el acto causa afectaciones físicas permanentes, la pena aumenta a 12 a 24 meses de prisión y sanciones de 200 a 400 UMA, es decir de 22,628 a 45,256 pesos.
En tanto que en los casos en los que el agresor provoque la muerte del animal, las sanciones ascenderán a dos a cinco años de prisión y multas de 300 a 600 UMA, de 33,942 a 67,884 pesos, además de la posibilidad de inhabilitar por hasta tres años a quienes profesionalmente cuiden animales.
Cabe recordar que a 2023, de acuerdo con el Senado de la República , 27 de los 32 estados contaban con leyes específicas de protección animal, mientras que entidades como Morelos y Yucatán todavía no habían desarrollado una legislación completa en la materia.
Esto pese a que en casi todo el país, el maltrato a los animales es considerado como un delito con penas que van desde un mes hasta seis años en prisión.
