"Se acaban de meter a tu casa", le advirtieron la noche del miércoles 24 de enero de 2024 a Rosalía, cuyo nombre se omite por razones de seguridad.
La llamada, que provenía de un vecino, le causó incertidumbre, luego temor. Pero la mujer de menos de 60 años de edad decidió ir inmediatamente acompañada de su hijo.
Se trasladó entonces al Municipio de Tecámac, en el Estado de México. Hizo dos horas de trayecto y, al llegar, encontró a cinco hombres en la entrada de su domicilio.
"¿Qué está pasando aquí?", preguntó molesta y en tono alto. “Se retiran de aquí inmediatamente”, les pidió enérgica.
En cuestión de horas, esos hombres habían quitado la protección de la casa, ingresado y robado muebles y posesiones que tenía en su propiedad.
Rosalía escuchó una respuesta: “Yo ya invertí”, le dijo uno de ellos. “A ver muéstrame tus papeles”, respondió la mujer mientras veía incrédula cómo su casa ubicada en Los Héroes Jardín había sido saqueada.
Con la mirada fui revisando que todas mis cosas ya no estaban, solo una colchoneta”
Al ver que los hombres no se retiraban, el hijo de Rosalía llamó a la policía del municipio gobernado por la morenista, Mariela Gutiérrez Escalante.
“Llegó la patrulla y me dirigí a los policías. Les dije que se metieron a mi casa y que no querían salirse, y que todas mis cosas ya no estaban. ‘Hagan algo’. Sin embargo, la mujer policía me dijo: 'ellos ya tienen la posesión, no podemos hacer nada’”, esa fue la respuesta que recibió de parte de integrantes de la policía municipal de Tecámac.
Rosalía quería recuperar su casa, que se encontraba deshabitada después de haber estado en renta, por lo que fue al Ministerio Público para denunciar el despojo de su vivienda, la cual, en ese momento no sabía que ya estaba en manos de “Los 300”, un grupo delictivo local que extorsiona, amenaza y despoja de sus propiedades a habitantes del Estado de México.
“Al MP llegó un hombre acompañado de una mujer y se presentó como parte de una asociación que dijo que se llamaba ‘Los 300’. Nos dijo que quienes estaban en mi casa les tenían miedo y que, si nosotros nos arreglábamos con ellos, iban y los sacaban a todos, y que esa casa ya no iba a ser molestada. Nos pidió 15,000 pesos”, cuenta Rosalía a Expansión Política.
Sin embargo, el hombre que le ofrecía ayuda formaba parte de esa organización criminal. “Se hizo pasar como alguien que nos ayudaría, pero en realidad formaba parte de los mismos, de 'Los 300'", agrega.
Más de la operación de esta banda salió a relucir. Recuerda que, cuando ella acudió a su propiedad a reclamarla, llegaron varias personas a intimidarla y, cuando se presentó ante el Ministerio Público, sucedió lo mismo.
De acuerdo con investigaciones de autoridades mexiquenses y federales, "Los 300" es una banda que ha sido denunciada por vecinos, transportistas, taxistas y empresarios de municipios del Valle de México como Ecatepec y Tecámac.
Operan por lo menos desde 2023, están relacionados con casos de despojo, amenazas, extorsión y agresiones, y suelen delinquir en grupos o células para intimidar y amedrentar.
En redes sociales circulan videos donde grupos de hombres de esta organización llegan a sitios para cobrar extorsiones con violencia.
Uno de estos casos se registró en febrero de 2023, cuando se difundió un video en el que se observa a por lo menos 30 de personas agrediendo física y verbalmente a mujeres integrantes de un colectivo feminista en San Agustín, Ecatepec. El caso fue atribuido a "Los 300".
El 22 de marzo de 2024, la secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal dio a conocer la detención de Abel “N”, un cabecilla de esta banda que operaba en Ecatepec.
"Las investigaciones mostraron que, el pasado 2 de enero, el imputado habría exigido al dueño de una fábrica pagarle 300 mil pesos cada mes a cambio de protección o empezaría a destruir el inmueble y matar a trabajadores", reportó la dependencia.
"Mediante trabajos de inteligencia, se pudo establecer que Abel “N” tiene su zona de operación en el municipio de Ecatepec junto con un grupo generador de violencia y de extorsión, conocido como 'Los 300'", agregó la SSPC.
En mayo pasado, el titular de la Fiscalía del Estado de México, José Luis Cervantes, presentó su Segundo Informe de Gestión, en el que reportó que hay 25 agrupaciones o células dedicadas a la extorsión en la entidad, entre ellas "Los 300" u "Organización Sindical Unión 300".
Rosalía y su hijo decidieron no entregar el dinero a “Los 300”, pero inició un calvario para ella y su familia: 10 meses de gastos, abogados y horas perdidas en la fiscalía sin obtener respuestas ni resultados.
En el Ministerio Público, uno de los agentes le dijo que en esa zona del Valle de México hay varios casos de despojo de viviendas y que se tienen identificadas al menos otras tres organizaciones criminales que operan como “Los 300”.
“El MP nos dijo que quienes tenían la casa era un grupo de personas que a eso dedicaban y que, para recuperarlas, piden entre 50,000 y 70,000 pesos. Que ellos tenían que investigar”, recuerda.
Rosalía no ha podido recuperar su vivienda, que sigue ocupada por integrantes de esa banda. Vive en otro municipio mexiquense, cerca de su trabajo.
"El abogado me dice que no está fácil... yo no quise negociar con el grupo delictivo porque pensé que posteriormente me iban a estar extorsionando. En ese momento confíe en las autoridades, que para eso están", sentencia.
El despojo de viviendas no es un fenómeno reciente en el Estado de México. Técamac, conocida como una de las ciudades bicentenario por las 155,000 viviendas que se desarrollaron entre el 2000 y el 2020, ha enfrentado este delito desde hace años por agrupaciones como “Los 300” , “Los cachorros” y la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON).
Con el propósito de tener un patrimonio, miles de familias que adquirieron una vivienda, sin embargo, por estar alejada de centros de trabajo o de estudio las dejaron vacías. La falta de habitantes ha sido aprovechada por organizaciones para despojar a los dueños, como sucedió con Rosalía y su familia.
Aunque ha tenido dos abogados y seguido el proceso legal, Rosalía sigue exigiendo justicia. Atribuye la falta de resultados a que el Ministerio Público está coludido con esas organizaciones.
“Hay muchas personas afectadas por estos grupos delictivos y es una impotencia saber que las autoridades como el MP y los policías que se supone que están para apoyar a la ciudadanía están de parte de ellos. Nosotros lo vimos la noche del problema y posteriormente en cómo se ha llevado el caso. La sorpresa fue que están coludidos”, advierte.
El delito de despojo está típificado en el Código Penal del Estado de México. El artículo 308 lo define como: “el que de propia autoridad ocupe un inmueble ajeno o haga uso de él o de un derecho real que no le pertenezca”.
A quien incurra en este delito se le impondrán de uno a cinco años de prisión y de treinta a 125 días multa.
Karlos García Carrillo, experto en Derecho y catedrático en la Universidad Intercontinental (UIC), explica que cuando un ciudadano es víctima de despojo debe recurrir ante el Ministerio Público a presentar la denuncia correspondiente y acreditar la propiedad de la vivienda o inmueble despojado.
“El inmueble tiene que acreditarse ya sea a través de la escritura o a través de algún otro documento que es expedido en el Estado de México por el Instituto de la Función Registral. Se integra la carpeta de investigación por este delito y el Ministerio Público va a citar a los involucrados para que comparezcan ante él a contestar la denuncia, la carpeta de investigación", detalla.
"Una vez que se haga la investigación, si resulta el denunciante acreditar su acción, va a ocasionar que se judicialice ante ya el juez penal, se lleve todo el procedimiento y la conclusión, y después de todo el procedimiento que se ordene la desocupación y entrega de manera inmediata, además de la pena privativa de libertad”.
El catedrático de la UIC, quien también es abogado litigante, explica que en el Estado de México es frecuente encontrar casos de despojo como el que le ocurrió a Rosalía y ,a pesar del tiempo que toma presentar la denuncia y darle continuidad, lo recomienda. Si el ciudadano opta por entregar un pago para que le desocupen su casa, es alimentar el ciclo de la delincuencia.
El mejor consejo que les puedo dar es hacer todo en un marco de legalidad. Si bien es cierto, la justicia camina lento, pero es el camino”.
