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De casi 20,000 investigaciones por corrupción, solo 0.2% con sentencia en 2022

Se analizaron 30 fiscalías locales debido a que Baja California y Baja California Sur aún no cuentan con estos organismos constituidos ni operando.
mar 04 octubre 2022 05:19 PM
denuncias corrupción
Este jueves fueron presentados los resultados del estudio "Fiscalías Anticorrupción: un ejercicio de transparencia y acceso a la información sobre su autonomía y resultados", elaborado por la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción

Las investigaciones sobre posibles actos de corrupción se han incrementado en el último año, aunque aún son pocas las que obtienen una sentencia. La segunda edición del reporte Levantemos la voz de las fiscalías anticorrupción reveló que en lo que va de 2022, se abrieron 19,289 investigaciones por estos hechos, 1,340 más que en 2020, de las cuales 4.6% llegaron ante un juez, pero solo 0.2% obtuvieron sentencia, es decir 55.

Entre los estados que más investigaciones se judicializaron están Querétaro y Tlaxcala con 26% y 23%, respectivamente, mientras que en Colima, Guerrero y Sinaloa ninguna lo ha hecho, según los datos recopilados hasta mayo de este año. En tres estados (Coahuila, Sonora y Tabasco) se vinculó a proceso el 100% de las investigaciones que se judicializaron.

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Adriana Greaves, cofundadora de Tojil, señaló que esto significa que cada vez se están “allegando de elementos para probar que el hecho de corrupción pudo haberse cometido, o sea existe una posibilidad de que se cometió y hay una persona que pudo haber participado, se está viendo un incremento en la parte de investigación”.

Respecto a las sentencias, el Estado de México es la entidad que más reporta con 35. Más de 5,000 investigaciones de las que se iniciaron a nivel nacional, fueron en el estado mexiquense, comentó por su parte Estefanía Medina, también confundadora de Tojil.

Las Fiscalías Anticorrupción (FA) son los organismos encargados de la persecución criminal de los delitos de corrupción; representan a la autoridad que investiga y sanciona los actos de corrupción que así lo ameriten, así como de prevenir estos actos a partir del análisis de las conductas, los actores y el modus operandi de los casos que resuelven.

De acuerdo con el reporte elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y Tojil, el rol de las Fiscalías Anticorrupción en el combate de este fenómeno “es fundamental”, sin embargo, ninguna reforma ha definido de forma clara y detallada la constitución y operación de ellas.

 

Las organizaciones analizaron a las fiscalías a través de cinco ejes: marco jurídico, recursos, capital humano, procesos y resultados. Solo se analizaron 30 de ellas dado que aún hay dos estados (Baja California y Baja California Sur) que no cuentan con sustento legal para la creación de sus fiscalías; 11 no cuentan con autonomía, dado que el nombramiento y remoción depende del fiscal del estado, en tanto que 27 estados tienen un catálogo específico de delitos de corrupción.

Pero no son los únicos obstáculos que enfrentan las fiscalías. En el tema de recursos, se destinaron 808 millones de pesos para 25 de ellas, en tanto que 4 fiscalías operaron durante 2022 con un presupuesto inferior a 70 millones de pesos, mientras que en el tema de personal, el promedio nacional es de nueve policías de investigación y tres peritos en cada fiscalía.

“Queremos transmitirle a la ciudadanía que las fiscalías anticorrupción tienen encima uno de los trabajos más arduos que no es simplemente documentar y recopilar los casos de corrupción, sino investigarlos y llevarlos ante un juez con todas las implicaciones técnicas políticas e incluso de seguridad que esto puede representar para las fiscalías”, explicó Medina al señalar que es una una tarea muy ardua y en la mayoría de los casos no existen los elementos que necesitan para tener resultados de la “mayor excelencia posible”.

No obstante, hay aspectos positivos como que la mayoría de las fiscalías inician investigaciones de oficio, es decir que inician procesos sin que alguien ponga una denuncia sino desde el indicio de que es posible la existencia de algún hecho de este tipo ya sea por haberlo detectado o a través incluso de notas periodísticas, excepto Aguascalientes, Campeche, Chihuahua, Edomex, Sonora, Guerrero, Hidalgo, Tlaxcala, Nayarit y Querétaro.

Estefanía Medina también destacó que 23 fiscalías anticorrupción reconocen a instituciones públicas como víctimas y 22 reconocen a ciudadanos como víctimas de corrupción.

“Quizá esto que parecería de lo más lógico se vuelve muy importante en la práctica porque esto permite que los ciudadanos e instituciones incorporen información que es importante para las fiscalías, y que den continuidad a los procedimientos colaborando para que no se quede en hechos de denuncia sino que lleguen ante un juez y así puedan llegar a una sentencia o resolución del caso”, detalló.

 
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