El área de adquisiciones o compras públicas es una de las más importantes en el desarrollo de la gobernabilidad y gobernanza de cualquier estado que se jacte de ser democrático. Pero, sabemos que las compras públicas es una de las áreas de los gobiernos en las que más recursos se desvían y en las que mayor incidencia de corrupción existe.
Uno de los problemas más importantes que atraviesa México radica en el elevado número de contratos que se otorgan a través de adjudicaciones directas. De hecho, la administración del presidente López Obrador es la que más adjudicaciones directas ha otorgado en la historia del país.
Imaginen tener una herramienta tecnológica que le permitiera al estado y a los ciudadanos revisar en tiempo real cuáles son las empresas que recurrentemente reciben adjudicaciones directas, el histórico de los montos y evidencia de los entregables. O contar con una herramienta tecnológica que permitiera cruzar información de proveedores con la del registro público de comercio y que con un clic pudiéramos saber quiénes son los accionistas y dueños de esa empresa a la que el estado le está adjudicando directamente un contrato y que esa información se pudiera, a su vez, cruzarla con los registros de servidores públicos encargados de compras públicas y con las declaraciones de conflicto de interés que por ley deben presentar anualmente los burócratas.
En México toda esa información existe, está sistematizada y es –en principio— susceptible de ser cruzada. Pero la herramienta que lo haga parece estar a años luz de la visión del gobierno federal mexicano.
Alemania, Reino Unido, Chile, Estados Unidos, son países que cuentan con herramientas que contienen elementos que les permiten a los gobiernos establecer vínculos entre los datos del expediente de la contratación y otros conjuntos de datos, que obran también en poder de los gobiernos, y que al cruzarlos les permiten a ellos y a nosotros conocer y darle seguimiento puntual a las empresas que reciben nuestros recursos. El sistema de compras mexicano Compranet deja mucho que desear si lo comparamos con estos países.
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Nota del editor: María de los Ángeles Estrada es Directora Ejecutiva de la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente a la autora.
