La coordinadora de los diputados de Morena en Tamaulipas, Úrsula Patricia Salazar Mojica, advierte que con estas modificaciones en Tamaulipas se quiere blindar al gobernador saliente así como a funcionarios que hayan incurrido en irregularidades durante el actual gobierno.
“Es un blindaje a la corrupción del gobierno saliente panista, no solo del titular del Ejecutivo, sino de todos sus cómplices que le ayudaron a hacer todo este gobierno desastroso durante los últimos cinco años”, sostiene.
Dos días antes de concluir el periodo ordinario de sesiones, la bancada de Acción Nacional presentó una iniciativa para modificar la ley de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas, la ley de Coordinación del Sistema de Seguridad Pública, y la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas.
Durante la última sesión de la legislatura que inició el 30 de junio y se prolongó a la madrugada del 1 de julio, la mayoría panista dio su aval para trasladar a la Fiscalía General de Tamaulipas al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (Sesesp), a la Unidad de Inteligencia Financiera del Estado (UIFE), a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), al Centro de Análisis, Información y Estudios de Tamaulipas (CAIET), el C-4 y el C-5.
El bloque de Morena manifestó su rechazo. Úrsula Salazar advierte que si Irving Barrios nombra al encargado de la UIFE los señalamientos por lavado de dinero podrían quedar impunes y también los actos de corrupción en los que pudo haber incurrido.