Después del desafuero del actual Presidente López Obrador, el caso del desafuero de Francisco García Cabeza de Vaca, ha sido el más controvertido y polémico por el desaseo jurídico con el que se ha manejado y por la politización del caso, empezando por el propio Presidente de la República, quien en reiteradas ocasiones ha presentado información clasificada que no debería darse a conocer a la opinión pública, porque viola el debido proceso y la presunción de inocencia, y si la intención de combatir la corrupción y la impunidad es genuina, el primero en dinamitar tal esfuerzo es el propio Gobierno Federal con sus torpezas y berrinches jurídicos.
Después de que la Cámara de Diputados aprobó el Juicio de procedencia en contra del Gobernador de Tamaulipas, el siguiente paso era turnar la resolución al Congreso de aquella Entidad, para que decidiera si convalidaba el proceso, cosa que no ocurrió, el Congreso local no validó el desafuero y resolvió que Cabeza de Vaca mantenía el fuero constitucional, y por tanto seguía siendo el Gobernador, además interpuso una Controversia constitucional en contra de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión por la resolución que emitió al erigirse como Jurado de Procedencia. Aquí es donde comienza todo el entramado jurídico y las múltiples especulaciones sobre si Cabeza de Vaca mantenía o no la inmunidad procesal conocida como fuero.
