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Vocero de los Jenkins: El nombramiento de Ríos Piter en la UDLAP es improcedente

Enrique Rodríguez, vocero de la familia que hasta ahora integró el patronato de la casa de estudios, enfatizó que el rector es Luis Ernesto Derbez, quien, dice, fue nombrado con apego a los estatutos.
mié 14 julio 2021 12:17 PM
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El vocero de los Jenkins muestra los estatutos legales de la Universidad de las Américas Puebla que avalan la rectoría de Luis Ernesto Derbez y desconocen la de Armando Ríos Piter.

PUEBLA, Puebla.— En la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), cada quien reconoce a su propio rector: el nuevo patronato está con Armando Ríos Piter y la familia Jenkins con Luis Ernesto Derbez. El pleito mantiene bloqueadas las cuentas de la institución y pone en riesgo el pago de las quincenas de trabajadores y proveedores.

Aunque el político, abogado y economista ya fue presentado como sucesor de Derbez, investigado por delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y administración fraudulenta, su designación es improcedente, según Enrique Rodríguez, vocero de los Jenkins.

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En entrevista con Expansión Política, argumentó que el nombramiento de Ríos Piter incumple con los estatutos de la fundación de la UDLAP, que en sus artículos 7 y 11 establecen que el nombramiento de un nuevo rector debe ser seleccionado por integrantes del consejo empresarial de la institución a través de un "comité de búsqueda", punto que no se cumplió ya que el experredista fue electo por dedazo, únicamente por los cinco integrantes del nuevo patronato.

Además, el elegido debe contar con el grado máximo de estudios, al menos un doctorado, y Ríos Piter solo tiene dos maestrías: una en Seguridad Nacional en la Universidad de Georgetown y la otra en Administración Pública en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy.

"Es un rector espurio. El rector legalmente constituido es Luis Ernesto Derbez. No es el rector de los Jenkins, es el rector designado por la propia institución académica, a través de la fundación que tiene protocolos, en este caso, la fundación de la UDLAP", señaló Rodríguez.

Pero mientras continúa el jaloneo sobre quién es el verdadero administrador de la universidad, las cuentas bancarias de la misma están congeladas, y según detalló el vocero de los Jenkins, esto se debe a que los bancos en donde tienen los activos detectaron que personas ajenas —los del nuevo patronato— intentaron apoderarse de las mismas, tras asumir el control del inmueble con la fuerza pública el pasado 29 de junio.

Apenas este 12 de julio, tras ser presentado como el nuevo rector, Ríos Piter admitió problemas económicos para cubrir los salarios de los empleados, pero dijo confiar en que esta problemática pronto se regularice.

En torno al nombramiento "espurio" que acusan los del viejo patronato, Adalberto Ramos, vocero del nuevo grupo, consideró que, al quedar relevados, los estatutos antiguos ya no tienen validez en estos momentos, por lo que Ríos Piter es el "legítimo" rector de la UDLAP.

En un comunicado difundido este martes, la nueva rectoría aseguró que los pagos a los trabajadores de la UDLAP estarán garantizados. Con ese fin, la nueva rectoría se reunió con la Dirección General de Recursos Humanos.

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Los Jenkins se amparan para no ser detenidos

En entrevista, Rodríguez también dio a conocer que los Jenkins cuentan con amparos en estos momentos para no ser detenidos debido a la orden de aprehensión que se giró en su contra el 4 de junio, por su probable responsabilidad en un fraude por más de 14,000 millones de pesos.

"Hay amparos que los protegen, en lo que se determina y se clarifique el asunto de cosa juzgada. Se giraron indebidamente órdenes de aprehensión, desconociendo el criterio de cosa juzgada, del no ejercicio de acción penal de 2018, y por supuesto que están vigentes protecciones. Ellos están ejerciendo su legítimo derecho para protegerse de este atropello", dijo el vocero a Expansión Política.

Explicó que, en mayo de 2018, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) resolvió el no ejercicio de la acción penal contra los Jenkins por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, fraude y administración fraudulenta, insistiendo que ahora la FGR busca detenerlos por los mismos delitos.

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