El exgobernador de Puebla, Mario Marín, se presentó este jueves a su audiencia inicial en el Juzgado Segundo de Distrito en Cancún, Quintana Roo, por los delitos que se le imputan en agravio a la periodista Lydia Cacho.
La organización Artículo 19, que ha dado acompañamiento a Cacho, informó que esta audiencia era para realizar una declaración preparatoria de Mario Marín, sin embargo, este se reservó el derecho a declarar.
Además, el exgobernador priista solicitó que se ampliara el término constitucional de 72 a 144 horas para que se determine su situación jurídica, y que se le permitiera seguir su proceso en arraigo domiciliario.
Para ello, Marín uso de argumento su "edad avanzada" (66 años) y que tiene un padecimiento en el riñón, lo que podría ponerlo en riesgo de contagio de COVID-19 al interior del centro de reclusión.
🔻Mario Marín solicitó seguir su proceso en arraigo domiciliario, alegando padecimiento en el riñón, peligro de contagio de COVID19 al interior del CERESO y su edad avanzada. Dicha petición le fue denegada por el juez.
— ARTICLE 19 MX-CA (@article19mex) February 4, 2021
La petición del arraigo domiciliario le fue negada por el juez. Mario Marín podría enfrentar hasta 12 años de prisión por el delito de tortura que se le imputa.
El exgobernador de Puebla fue detenido el miércoles por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) en la casa de su hermana en Acapulco, Guerrero.
La prensa local reportó que tenía apenas una semana en ese lugar y que no opuso resistencia al momento de su detención.
Desde abril de 2019 se le consideraba prófugo de la justicia, pues en esa fecha un tribunal de Cancún giró una orden de aprehensión en su contra.
Con Mario Marín suman cuatro personas detenidas de las 17 señaladas por Lydia Cacho como sus torturadores. En tanto, de los que aún siguen prófugos destacan el empresario textilero Kamel Nacif y Adolfo Karam Beltrán, exjefe de la Policía Judicial de Puebla.
Tanto Mario Marín como Kamel Nacif son señalados por tortura, y al tratarse de un delito grave no obtendrán beneficio alguno para su proceso, según lo establecido por el Tribunal que ordenó los arrestos.
El caso tiene su origen en 2005, cuando Nacif denunció a Lydia Cacho por "difamación y calumnias", luego de que su nombre apareciera en el libro Los demonios del edén.
En diciembre de 2005, cuando Mario Marín llevaba 10 meses al frente del gobierno de Puebla, policías de esa entidad detuvieron arbitrariamente a Cacho en Cancún a raíz de la denuncia de Nacif.
Durante su traslado vía terrestre de Cancún a Puebla, la periodista sufrió actos de tortura por parte de los agentes, quienes incluso amenazaron con violarla y matarla. Cacho logró quedar en libertad tras pagar una fianza de 106,000 pesos, pero el proceso legal en su contra duró más de un año.
