Jorge Winckler pasó de fiscal general del estado de Veracruz a prófugo de la justicia tras evadirse ante una orden de aprehensión girada en su contra basada en la denuncia por su presunta responsabilidad en el delito desaparición forzada.
Winckler prácticamente desapareció desde el pasado 3 de septiembre, cuando el Congreso local lo suspendió temporalmente del cargo alegando que incumplió con la renovación de sus certificados de confianza.
El exfiscal de Veracruz se había inconformado con la suspensión y anunciado que impugnaría la medida, pero la noche del sábado 26 de septiembre, su caso dio un giro, pues una orden de aprehensión en su contra se filtró a los medios de comunicación, se especula, desde alguna esfera del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, perteneciente al partido Morena.
Casi 36 horas después, la fiscal encargada del despacho, Verónica Hernández, ligada al equipo político del mismo gobernador morenista Cuitláhuac García, confirmó ante reporteros la autenticidad de esa orden de captura, aunque no explicó cómo pudo filtrarse.
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La FGE basó su caso en una acusación hecha en 2018 por el exescolta de Luis Ángel Bravo Contreras, identificado como Francisco Zárate, incluida en el expediente FGE/FIM/203/2019.
Se trata de un personaje apenas conocido en el escenario político, pero vinculado al grupo político del exgobernador Javier Duarte, quien se encuentra preso en el reclusorio Norte de la CDMX por diversos cargos, entre ellos enriquecimiento ilícito.
De acuerdo con lo dicho por el abogado de Zárate (y del propio Bravo Contreras), Arturo Nicolás Baltazar, a su cliente se le citó a declarar en 2018, ante la Fiscalía General encabezada entonces por Jorge Winckler, amigo personal del exgobernador panista, Miguel Ángel Yunes Linares.
Zárate acudió, siempre con apego a lo dicho por su abogado, y fue recibido por el fiscal especializado en atención a denuncias por personas desaparecidas, Luis Eduardo Coronel Gamboa.
Coronel le dijo que sería trasladado de las oficinas de Xalapa a Córdoba, pero ya no le permitieron comunicarse con sus familiares.
Zárate acusó al equipo de Winckler de someterlo a tortura para que dijera datos sobre el paradero del exfiscal Luis Ángel Bravo, sobre quien se había girado una orden de aprehensión por diversos delitos, incluyendo desaparición forzada.
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Sobre esas acusaciones en su contra, el hoy prófugo Jorge Winckler Ortiz obtuvo un amparo bajo el argumento de que la acusación carecía de sustento y el caso se fue al olvido, al menos en los medios de comunicación.
Pero en enero de 2019, Morena trató de utilizar esa acusación para llevar al entonces fiscal Jorge Winckler a juicio político con intenciones de separarlo del cargo, pero no lo lograron a pesar de tener mayoría en el Congreso local, hubo legisladores de su mismo partido que consideraron forzado el caso.
El 19 de febrero de este mismo año se desarrolló la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos en el Congreso de Veracruz, y una de las testigos de quienes pretendían llevar al funcionario yunista a juicio político fue la esposa de Luis Ángel Bravo, antecesor de Winckler en la FGE.
Clemencia García Talavera dijo ante los diputados que llevaron el caso que Francisco Zárate era empleado de la pareja desde hacía una década y que el día de la presunta desaparición no logró comunicarse con él, por lo que se preocupó.
El testimonio de la esposa de Bravo y los argumentos de Morena fueron insuficientes y se declaró improcedente el juicio político.
De nuevo parecía que el caso pasaría al archivo.
Sin embargo, fue reactivado por la fiscal Verónica Hernández en sus primeros 20 días al frente de la FGE, tras la suspensión temporal que orquestaron los legisladores de Morena desde la Comisión Permanente, en una maniobra que fue cuestionada por especialistas.
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Ahora Jorge Winckler es un prófugo de la justicia, pues existe una orden de aprehensión en su contra.
Con la orden en su contra, el exfiscal Jorge Winckler, se defendió y negó cualquier comisión de delitos en su paso por la FGE.
“Jamás he cometido delito alguno. Los hechos que pretenden imputarme jamás existieron. Lo anterior se ha demostrado ante la autoridad federal, quien al momento de resolver el Juicio de Amparo 421/2018, así como el Amparo en Revisión 299/2018, determinaron que no existió desaparición forzada, ni privación de la libertad, ni incomunicación, ni tortura, en contra de quien denuncia”, señala en un comunicado que difundió este lunes.
