PUEBLA, Puebla.— Posible desvío de recursos para los damnificados del sismo de 2017, irregularidades en 32 obras públicas, la denuncia de venta de menores desde el DIF, pagos millonarios por uniformes de mala calidad y la emisión de títulos ‘patito’ en la Secretaría de Educación son algunos de los asuntos revisados en la docena de auditorías que el gobierno de Miguel Barbosa ha iniciado en Puebla.
Las revisiones comenzaron desde que el morenista asumió el poder, el 1 de agosto, y abarcan el trabajo de las gestiones de los panistas Rafael Moreno Valle (2011-2017) y Antonio Gali Fayad (2017-2018), así como la del interino Guillermo Pacheco Pulido (enero-agosto de 2019).
Según Barbosa y su equipo, las primeras pistas sobre posibles anomalías fueron halladas en el proceso de entrega-recepción de gobierno, que terminó en septiembre. Después, la actual administración abrió auditorías para documentar estos casos y, si procede, presentar denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE).