Diputado, bajo sospecha por "extravío" de 17.6 mdp para damnificados en Puebla

Una se presentó ante la Contraloría local, la denuncia también implica a Roberto Villarreal –quien quedó como encargado de despacho cuando Islas se fue de candidato– además de Ricardo González, entonces director de vivienda; Luis Becerril, director del Fideicomiso para la Regularización de la Vivienda del Estado, y Luis Tiffaine, subsecretario de Vivienda.

La otra fue ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade), pues se acusa a Islas Maldonado de haber condicionado los programas de viviendas en la elección del 2018 cuando compitió como candidato a diputado local por el distrito 22 con cabecera en Izúcar de Matamoros, en la Mixteca de Puebla, en donde se concentró el mayor daño por el temblor de hace casi dos años.

Sin embargo, aunque ambas querellas se presentaron en abril del 2018, hasta el momento no ha habido avances y la actual titular de la Contraloría del estado –la dependencia encargada de garantizar que se apliquen los recursos públicos–, Karen Berlanga, repetirá en el cargo con Miguel Barbosa, cuyo mandato inicia a partir del 1 de agosto próximo.

Te puede interesar: Lo que Sedatu hizo mal con los apoyos para reconstrucción del 19S, según la ASF

¿Dónde quedaron los 17.6 millones de pesos?

La sospecha de un supuesto desvío de dinero destinado a la reconstrucción desde la Sedeso deriva de que en la página de transparencia del gobierno del Estado se reporta que de un total de 47,592, 355.09 pesos que fueron aprobados para la construcción de cuartos dormitorios a favor de afectados del sismo, 17.6 millones fueron ejercidos en la administración de Islas Maldonado.

El beneficio supuestamente era para 2,800 personas en un total de siete municipios: Chiautla, Chietla, Cohetzala, Izúcar de Matamoros, Huaquechula, Jolalpan y Tepemaxalco –municipios que abarcan el distrito que actualmente representa el aliancista como legislador–.

Sin embargo, en respuesta a una solicitud realizada por la organización civil Desarrollo Social Ciudadano por el Bienestar, la Seguridad y la Unión de la Familia a la Sedeso para conocer detalles de dicho programa, en abril del 2018, la propia Secretaría de Desarrollo Social negó, en el oficio SDS/095/2018, haber ejercido ese monto.

Es decir, la misma dependencia dio a conocer un desembolso por dicha cantidad y después lo negó.

En otro escrito, la Sedeso también negó haber contratado a la empresa Mejoramiento Integral Asistido (MIA) para la reconstrucción en la Mixteca de Puebla, pero la constructora presume en su currículum que trabajó para el gobierno de Puebla a través de la Sedeso en la reconstrucción.

“Esta es solo una de las anomalías que se pueden probar. Sospechamos que el desvío de recursos que se dio tras el sismo es mucho mayor pero la Contraloría no ha avanzado en las investigaciones”, dijo a Expansión Política Ángel Manuel López Rafael, representante de la organización Desarrollo Social Ciudadano por el Bienestar, la Seguridad y la Unión de la Familia, una de las agrupaciones que denunció a Islas.

Recomendamos: A un año y medio, damnificados del 19S aún esperan que reconstruyan sus hogares

López Rafael explicó que se dieron cuenta de esta “mentira” pues son originarios del municipio de Jolalpan y, a casi dos años del temblor, la ayuda no ha llegado a pesar de que en los registros de transparencia de gobierno se da cuenta que se entregaron viviendas a todos los afectados.

En la elección extraordinaria del 2 de junio pasado, Islas Maldonado volvió a operar en la misma zona, pero ahora a favor del morenista Miguel Barbosa Huerta y apenas el 18 de julio pasado, la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió que coaccionó el voto con la entrega de cheques en la campaña.

Por este hecho se dio vista a la Contraloría Interna del Congreso de Puebla y a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE para que lo sancionen.

Islas Maldonado dijo a Expansión Política que no teme a una investigación en su contra al asegurar que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ya fiscalizó los recursos ejercidos para la reconstrucción en su paso por la Sedeso y atribuyó las denuncias a un "asunto político".

“Gerardo Islas nos condicionó la vivienda”

Mayra Pacheco Díaz quien a casi dos años del temblor sigue durmiendo con sus dos hijos en la intemperie, pues su cama está en el patio y solo está cubierto con una lona, da cuenta que la ayuda no llegó en Jolalpan y que algunas viviendas que se entregaron en las rancherías fueron condicionadas por el exsecretario de Desarrollo Social.

“La doctora Olga (Rosas, excandidata a presidenta municipal de Jolalpan por Compromiso por Puebla) y Gerardo Islas son los que según andaban repartiendo casas, si nosotros le votábamos a ellos, dijeron que nos iban a dar una vivienda, pero como no votamos por ellos, no nos dieron casa”, narró a ExpansiónPolítica.

Afirma que como no quiso entregar su credencial de elector a los entonces candidatos, a la fecha, sigue viviendo prácticamente en la calle en donde a menudo, ella y sus hijos, sufren por las picaduras de alacranes.

Rubén Parias Pineda, otro damnificado del sismo, consideró que el dinero destinado a los damnificados fue desviado a las campañas.

“Aquí hubo una candidata que estuvo en alianza con Gerardo Islas y entre los dos participaron, hicieron movimiento de estos recursos que se destinaron a la reconstrucción, empezaron a dar reconstrucción en favor sus cuestiones electorales”, señaló.

En el recorrido que Expansión Política realizó en la Mixteca, constató que hay muchas familias que siguen esperando el apoyo a casi dos años del temblor que dejó 47 muertos en la entidad.

El último reporte que dio el gobierno de Puebla en avances de la reconstrucción fue el 19 de septiembre del 2018 cuando se cumplió un año del sismo y en ese entonces se habían invertido 1, 201 millones 070, 968 pesos en reconstrucción de viviendas.