A dos años del #19S, el abandono sigue golpeando a la gente de Jolalpan, Puebla

Mayra cuenta que en 2018 le ofrecieron ayuda para reconstruir su casa. Sin embargo, afirma que al final se la negaron por resistirse a hacer campaña y a votar por el entonces candidato Gerardo Islas Maldonado, actualmente diputado local por Nueva Alianza, y por quien fue candidata de Compromiso por Puebla a la presidencia municipal, Olga Rosas.

“La doctora Olga y Gerardo Islas son los que según andaban repartiendo casas, si nosotros le votábamos a ellos; dijeron que nos iban a dar una vivienda, pero como no votamos por ellos, no nos dieron casa”, recuerda Mayra.

“No nos dieron nada, ni tarjetas ni nada. Aquí duermo yo con mis niñas, esta es mi casa. Llevo dos años por lo mientras aquí. Desde que pasó el sismo, me la he pasado aquí”, añade.

Irregularidades como las atribuidas a Islas —quien encara denuncias por posibles desvíos de recursos para los damnificados— se encuentran bajo investigación del actual gobierno estatal, encabezado por Miguel Barbosa, de Morena, quien afirma que las administraciones pasadas fallaron en este terreno.

“Los recursos que hubo (para la reconstrucción) muchos se los embolsaron, se malversaron, (fue) una porquería”, dijo Barbosa el pasado 8 de septiembre.

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“A dos años, todo sigue igual”

Liliana Jiménez es otra damnificada de este municipio de Puebla, una entidad donde el sismo de 2017 causó la muerte de 45 personas. Tras el siniestro, se mudó con sus tres niños pequeños a casa de uno de sus tíos, pero a dos años de la tragedia teme tener que volver a instalarse en la calle.

“Fue pérdida total. Algunos que tuvieron cómo reparar sus casitas pues las repararon y aquí, ustedes lo están viendo, sigue el escombro. No le he movido nada. Nos dicen que van a venir los apoyos y así venimos. Incluso, ya vamos a cumplir dos años y todo sigue igual”, dice Liliana.

Alejandra Díaz Núñez está en una situación similar. Cansada de esperar a ser incluida en el padrón de damnificados, decidió actuar por su cuenta y reconstruir lo posible de su vivienda con palos, láminas, cobijas y hasta lodo.

La mujer cuida de ocho niños: sus hijos y cinco sobrinos cuyos padres murieron hace un año, a quienes trata de proteger de riesgos como las picaduras de alacrán.

“Hay muchas casas que están abandonadas, sus ventanas ya están rompidas (rotas) y a nosotros, que en verdad las necesitamos para vivir, no nos dieron nada”, lamenta.

“Estamos en la calle, pasa un borracho y nos avienta una piedra… Nadie nos hizo caso, nadie nos toma importancia, no sabemos por qué, no nos hacen caso. A nosotros los pobres no nos dieron nada”, señala Domitila Díaz Castillo, quien dice que ella y su esposo, Moisés Pacheco, tuvieron que ingeniárselas para conseguir dinero y reparar las paredes de su casa.

“Buscamos que el apoyo llegue”

La secretaria de Bienestar del estado, Lizeth Sánchez, informó recientemente que, según el censo en poder de las autoridades, hoy por hoy hay 1,133 viviendas pendientes por entregar. Agregó que para el próximo año se planea destinar 159 millones de pesos para obras en 43 municipios afectados por el sismo de 2017.

“El caso ya está en manos de instancias correspondientes, ya se determinará quién es culpable (del retraso en los apoyos), si hay daño patrimonial o no. Nosotros, a partir de que Miguel Barbosa llega al gobierno, iniciamos una nueva etapa, una nueva era, en donde lo que buscamos es que el apoyo llegue a esas familias”, aseguró la funcionaria.

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Mientras tanto, las personas de Jolalpan insisten en señalar la desatención de los pasados gobiernos estatales. Una de ellas es Dominga Olivares, quien se dice cansada de pedir ayuda. Luego del #19S su casa no se cayó, pero sí se quedó con cuarteaduras que aún no han sido reparadas y la hacen temer que pueda derrumbarse en cualquier momento.

“Ya nos cansamos, no lo podemos componer. Mi esposo también ya se cansó”, cuenta entre lágrimas.

Por separado, Rafaela Chimán asegura que ella incluso tuvo que encarar al entonces gobernador Antonio Gali (2017-2018) con tal de conseguir algo de dinero. Dice que pudo obtener 15,000 pesos, que solo le alcanzaron para demoler su vivienda.

“A Tony Gali lo estuvimos siguiendo, les pedimos de favor que nos vinieran a ver, pero no hubo nada. Nada más tiramos un poco de escombro porque lo demás ya no nos alcanzó”, recuerda.

Entre los pobladores, hay algunos que sí lograron que las autoridades les ayudaran a reconstruir sus viviendas, aunque incluso en estos casos los resultados no han sido los esperados por la gente afectada.

Juan Antonio Díaz Olivera cuenta que en su casa trabajó la empresa Mejoramiento Integral Asistido (MIA), pero la mala calidad de los materiales usados hizo que en temporada de lluvias se formaran goteras.

“Tiene filtraciones y daños todavía, no quedó como nos dijeron”, dice Díaz Olivera, y agrega que, si bien la compañía le dio una póliza de garantía, no le dejó ningún número de contacto para hacerla efectiva.

“Le digo a mi esposo: ‘Como nos ven pobres, humildes, creen que no podemos hablar’: Dirán: ‘Ahí que se conformen con esa casa que les dimos’”, acusa su esposa, Guadalupe Olivera Parra, en tanto otros pobladores expresan el mismo sentir.