XALAPA, Veracruz.— Jorge Winckler está frente a uno de los casos más críticos como abogado: trata de demostrar que su remoción ordenada por el Congreso local fue ilegal y, así, regresar a la titularidad de la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE).
A Winckler lo impulsó y respaldó su amigo, el exgobernador panista Miguel Ángel Yunes, y Morena lo removió de manera temporal este martes de forma sorpresiva, tras un fallido intento de juicio político a inicios de este año.
Las funciones de Winckler ya fueron asumidas por la encargada de despacho, Verónica Hernández, quien ya sostuvo su primera reunión con funcionarios del gobierno federal apenas dos días después de recibir el nombramiento.
A su vez, Winckler inició la batalla por regresar al puesto para el que fue designado por nueve años: interpuso un "incidente por incumplimiento de suspensión" por parte del Congreso de Veracruz, de un amparo que obtuvo en enero de este año, el cual promovió para evitar su destitución como fiscal.
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En respuesta, el Juzgado Primero de Distrito, con sede en Veracruz, requirió al Congreso que demuestre que respetó el recurso que beneficiaba a Winckler, pero ¿qué posibilidades tiene de regresar al cargo? Dos expertos en materia de amparos nos explican.
Ignacio Morales Lechuga, extitular de la Procuraduría General de la República (PGR), ve posibilidades reales de que el abogado vuelva al frente de la institución, debido a que, a su juicio, los legisladores recurrieron a estrategias que rayaron en la ilegalidad.
"Cuando uno va a actuar contra otra persona, siendo autoridad, existe la garantía o derecho humano de audiencia y legalidad; entonces, si se le va a acusar de no tener certificación, tienen que llamarlo, tienen que decirle de qué se le acusa y darle la oportunidad de defenderse", dijo.
Agregó que "no se puede alegar que falte la certificación si no se tienen previamente los convenios celebrados con la FGR y los estados (...) Si se analizaran los expedientes, van a encontrar que el fiscal está certificado al momento de ingresar al ejercicio y esa certificación obra en el poder depositado en la Fiscalía General de la República, que es el órgano encargado de certificar (...) Entonces, la afirmación de la Comisión Permanente del Congreso veracruzano carece de veracidad, es un argumento falso, que no se apega a la verdad".
Dijo que aun cuando estuvieran suspendidas las certificaciones o su renovación, "por la razón que sea", esto no puede ser usado contra Winckler pues al momento de asumir el cargo fue reconocido por las autoridades correspondientes.
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El también exembajador de México en Francia apuntó que será el Poder Judicial de la Federación el que tenga la última palabra.
"El fiscal tendrá de inmediato a su disposición el juicio constitucional de garantías en contra del Congreso de Veracruz... El control de la constitucionalidad le corresponde al Poder Judicial de la Federación; en consecuencia, estoy seguro de que va a lograr que le restablezcan su puesto, por la forma en la que lo suspendieron", señaló.
Por su parte, el abogado constitucionalista Fidel Ordóñez Solana explicó que la Comisión Permanente incurrió en un acto ilegal, porque "carece de facultades tanto para remover como para designar al fiscal".
Ordóñez Solana resaltó que los legisladores no respetaron la autonomía de la FGE, pero que es posible que no sean castigados por asumir atribuciones que no le corresponden, pues "no se les puede señalar de más responsabilidad que de haber expresado su voluntad y además tienen fuero".
"Si bien es cierto que es ilegal la forma en la que se hizo la remoción, también es cierto que ya tomó posesión la fiscal habilitada y obviamente puede operar hasta que no se decrete por alguna autoridad la nulidad de su nombramiento", dijo.
Advirtió que pese a las acciones legales que tome, Winckler llegaría con una imagen desgastada, por lo que debería valorar su regreso.
"Ya lo sacaron, pero es cierto que el nombramiento va en la parte funcional de la Constitución General de la República, así que él podría hacer valer algún tipo de recurso administrativo o judicial... solo que muchos veracruzanos no han visto bien su desempeño, ha sido objeto de críticas duras por varios sectores de la sociedad veracruzana, su figura ha sufrido una refriega y eso lo debe valorar también para tomar una decisión", dijo.
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Sobre el tema político, Morales Lechuga manifestó su disgusto con los niveles que alcanzó la confrontación entre el Ejecutivo y el fiscal, de quienes puso en duda su vocación de servicio público.
"En verdad, ninguno merece ostentar el nombre de servidor público, porque no pueden dedicar su tiempo a pelearse. Si el Ejecutivo está molesto con el fiscal, que busque la manera de arreglar las cosas, porque ambos tienen una responsabilidad frente al estado y frente a la población, que es brindar seguridad y justicia a la población", manifestó.
Advirtió además que este conflicto provoca un cisma en la FGE, pese a que ya hay alguien a cargo de la institución.
"Es como una gallina sin cabeza, que ya ha corrido 100 metros y se cae", ilustró.
